Fernanda Durán
Por su cuarto año, la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) defendió en el Congreso del Estado un paquete de apoyos que va de seguridad alimentaria a vivienda y salud, atribuyéndose parte de la baja en pobreza.
Sin embargo, su exposición giro en torno a montos globales imprecisos, mezcló datos del ejercicio fiscal 2025 con el acumulado de la administración y no presentó estudios que midan el impacto real en temas de deserción escolar o bienestar.
En su comparecencia, la titular María del Rosario Martínez Galarza abrió con un balance: de 1 millón 020 mil 360 personas en pobreza en 2022 a 874 mil 848 en 2024 —unas 145 mil menos— y 67 mil que habrían salido de pobreza extrema.
“INEGI considerando que Coneval ya no es el dato oficial”, dijo para justificar la fuente del avance, pero no explicó cómo homologa esas cifras con la serie histórica del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval) ni qué indicadores concretos pesaron más en el cambio.
Martínez Galarza afirmó que estos resultados se deben a la aplicación de programas de apoyo al ingreso, seguridad alimentaria, educación, salud y vivienda. Aunque la funcionaria enumeró cifras específicas por programa, varios de los montos globales presentados permanecieron sin desagregación clara por año, municipio o fuente de financiamiento.
Durante su exposición combinó datos acumulados del periodo 2021-2025 —como los 49 mil 866 millones en desarrollo social o los 290 millones de la Clínica Rosa— con cifras del ejercicio 2025, lo que impidió distinguir con precisión el alcance temporal de cada inversión y dejó inconsistencias menores en la presentación de los totales.
En respuesta a las preguntas sobre los principales programas operados por la secretaría, la funcionaria explicó que el programa Seguridad Alimentaria es el eje central de la política social estatal, el cual cuenta con una inversión de mil 622 millones de pesos y una cobertura de 500 mil hogares en los 59 municipios del estado.
Agregó que el esquema evolucionó “del costalito a una caja” con 25 productos de marca, sellos de seguridad y un listado de contenidos, con el propósito de garantizar calidad y control.
También informó que el programa de tortillas subsidiadas opera con ocho expendios y una inversión de 2.5 millones de pesos. Según datos del INEGI, la población con acceso a una alimentación nutritiva y de calidad se ha incrementado.
Durante su exposición, Martínez Galarza respondió a las intervenciones de diputados y diputadas que solicitaron información sobre la cobertura educativa en la que el programa Potosí para la Educación distribuyó 268 mil 199 paquetes escolares —que incluyen mochilas y útiles— y 130 mil 500 pares de zapatos con una inversión de 180 millones de pesos.
En cuanto al Seguro al Estudiante, señaló que se han invertido más de 100 millones de pesos en atención médica gratuita para menores, incluyendo consultas, accidentes, incapacidades y gastos funerarios.
Detalló que se trabaja con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) para extender la cobertura “de la casa a la escuela y de la escuela a la casa”, e incluso en actividades extracurriculares.
La secretaria añadió que el programa Clave Verde tiene 50 mil usuarios y una inversión de 120 millones de pesos, enfocado en reducir la deserción escolar mediante acceso gratuito a telefonía e internet en zonas rurales.
Sobre la Clínica y Tarjeta Rosa, dijo que actualmente operan 11 clínicas en municipios como Ciudad Valles, Matehuala, Villa de Reyes, Soledad y la capital potosina, con una inversión acumulada de 290 millones de pesos en cuatro años. La funcionaria recordó que el programa, creado inicialmente para mujeres, también atiende a hombres en servicios básicos de salud.
También hizo referencia a la coordinación con la Secretaría de Salud para realizar estudios de papanicolau, mastografías, vacunación y planificación familiar, mientras que los casos que requieren seguimiento son canalizados al sistema estatal de salud.
En respuesta a la diputada María Dolores Robles Chaidez, quien preguntó por la cobertura de los programas de apoyo a madres solteras y adultos mayores, Martínez Galarza informó que ambos benefician a 15 mil personas con una inversión de 140 millones de pesos, y que se busca ampliar la cobertura cada año.
Presumió que “es el único programa que actualmente apoya con un tema económico a madres solteras y adultos mayores”, y su objetivo es proteger a grupos vulnerables sin acceso a pensiones o créditos.
A pregunta de la diputada María Aranzazú Puente Bustindui, la funcionaria amplió la explicación del programa Tu casa, tu apoyo, que busca ofrecer lotes y vivienda a personas sin propiedad ni acceso a crédito hipotecario; reportó que se han entregado 2 mil lotes en Ciudad Satélite, La Pila y Ciudad Valles, y que la secretaría realiza los estudios socioeconómicos y la recepción de solicitudes.
Posteriormente, el Instituto Registral y Catastral verifica la situación jurídica de los aspirantes antes de validar la asignación, mientras que el Instituto de Vivienda (INREVISS) gestiona la certificación y las escrituras sin costo en etapas posteriores.
En su informe sobre obra pública, Martínez Galarza explicó que la Sedesore coordina obras de infraestructura básica con recursos federales. En 2024 se ejecutaron ocho obras de electrificación en cuatro municipios, con 1.5 millones de pesos de inversión, además de obras de caminos en cinco municipios, con 78.9 millones, y 16 proyectos de urbanización en ocho municipios, con un monto de 175.6 millones.
Señaló que los recursos del Ramo 33 se aplican conforme a la validación del Gobierno Federal y que la plataforma de registro cambió del sistema “MIX” a SIFACE.
También aclaró que el recurso de la creación del fondo FAES-PIAR, que redirige 10 por ciento del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) estatal directamente a pueblos indígenas y población afrodescendiente “no toca las arcas estatales” y que el Gobierno Federal es responsable de su aplicación.
En respuesta a la diputada Leticia Vázquez Hernández, quien preguntó sobre la actuación de la dependencia durante las lluvias en la Huasteca Potosina, Martínez Galarza relató que la Sedesore operó “desde el primer momento” un programa emergente de despensas y centros de acopio, en coordinación con Protección Civil y la Secretaría de Finanzas.
Indicó que hubo comunidades que solo pudieron ser atendidas por vía fluvial y que personal de la secretaría permanece desplegado en la zona.
Ante cuestionamientos sobre la entrega de apoyos y la estructura operativa de la dependencia, la titular explicó que los padrones de beneficiarios no son públicos porque contienen datos personales como domicilios.
“Hay información reservada que por nosotros nos guardamos, como el tema de la dirección de cada uno de los beneficiarios”, afirmó.
Aclaró que los padrones son elaborados y validados por la Sedesore, y que cada beneficiario recibe una carta de validación.
Precisó que los voluntarios que colaboran en las jornadas de distribución no intervienen en la selección de beneficiarios, ya que su labor se limita a tareas logísticas. No detalló si existe algún mecanismo de verificación externa o auditoría ciudadana de esos listados.
Aunque cabe mencionar que en territorio el acompañamiento frecuente de diputadas y diputados del PVEM en entregas de despensas junto con delegados de la Sedesore; ese cruce entre operación social y proyección partidista, aunque no fue abordado por la secretaria, apunta a la necesidad de blindajes adicionales para mantener separados los padrones.
En respuesta al diputado Luis Emilio Rosas, Martínez Galarza destacó la coordinación con el Gobierno de México y con los municipios en la ejecución de los programas, así como la adecuación a los lineamientos federales.
Mencionó que los cambios en plataformas y reglas fueron atendidos en tiempo y forma para no afectar la recepción de recursos federales. A lo largo de su exposición hizo referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien atribuyó la nueva orientación de la política social.
De igual forma, la secretaria mencionó cifras globales que no fueron desagregadas, como una inversión de 15 mil 941 millones de pesos en desarrollo social y un acumulado de 49 mil millones “en el tema abatible a la pobreza”.
También refirió que existen 47 obras pendientes con una inversión de 12 mil 211 millones de pesos en proceso de ejecución.
Durante la ronda de preguntas, diputadas y diputados de distintas fracciones consultaron sobre la equidad de género, la coordinación institucional, la cobertura municipal y la efectividad de los programas.
En el tema de igualdad, la diputada Jacqueline Jáuregui Mendoza preguntó cómo se garantiza la distribución equitativa entre hombres y mujeres; la secretaria respondió que los programas como la Clínica Rosa han sido modificados para atender también a hombres y que la Sedesore aplica políticas de inclusión conforme a la Ley de Desarrollo Social.
En el caso de los programas educativos, el diputado Crisógono Pérez López pidió información sobre si existía un estudio que demostrara la relación entre los apoyos escolares y la reducción de la deserción; Martínez Galarza señaló que los resultados de INEGI reflejan una mejora, pero no presentó evidencia técnica de correlación directa.
La comparecencia cerró con la participación de diputados y diputadas que reconocieron el despliegue operativo de la secretaría. Martínez Galarza reiteró que la Sedesore “se acerca a todas las comunidades y colonias, incluso en las partes más alejadas”, y que el objetivo principal de la política social estatal es atender a las familias en condiciones de vulnerabilidad en los 59 municipios.
