Desiree Madrid
Luego de que el exdiputado José Luis Romero Calzada “Tecmol” difundiera en redes sociales que entregaría miles de despensas enviadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a Ciudad Valles, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), se deslindó de cualquier relación con actores externos que pretendan fungir como intermediarios.
María del Rosario Martínez Galarza, titular de Sedesore, afirmó que los programas sociales del Gobierno del Estado se otorgan de manera directa a las personas beneficiarias, sin intervención de terceros y sin fines distintos a los sociales.
La funcionaria puntualizó que está prohibido por la ley, que particulares se ostenten como enlaces para la entrega de estos apoyos.
“El reparto de despensas se realiza sin intermediarios, y cualquier afirmación contraria no cuenta con el respaldo de esta Secretaría”, señaló la titular de la dependencia, al referirse de forma indirecta a quienes han promovido públicamente su participación en la distribución de apoyos, como Romero Calzada.
El día de ayer el ex candidato a la presidencia municipal de Ciudad Valles anunció públicamente la llegada de entre 10 mil y 15 mil despensas gestionadas ante el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, y que serían entregadas desde un domicilio particular en la zona centro de ese municipio, además de que él aportaría cinco mil paquetes adicionales con productos como carne y huevo.
Este anuncio provocó críticas de ciudadanos, así como cuestionamientos por parte de actores políticos y sociales, al considerar que podría tratarse de un acto anticipado de campaña.
Algunos incluso señalaron posibles violaciones a la Ley Electoral, al utilizar programas públicos con fines de promoción personal, situación que el propio Gobierno del Estado ha rechazado tajantemente.
La Secretaría reiteró que el objetivo de los apoyos sociales es mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y reducir la desigualdad.
“No se busca otro propósito más que atender necesidades básicas de la población”, se subrayó en el comunicado emitido.
El deslinde se da en un contexto en el que la entrega de programas sociales está regulada por normativas federales y estatales que prohíben su uso con fines electorales. Instituciones como el INE y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) ya han advertido en otros casos que actos de esta naturaleza pueden derivar en sanciones administrativas o penales si se comprueba que hubo promoción indebida de imagen o uso político de recursos públicos.
