Desiree Madrid
La secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero, aseguró que el Gobierno del Estado cumplirá con lo que establece la normatividad ambiental en cuanto a la compensación por el retiro de árboles que se realizará para ampliar el bulevar Río Santiago, y que se procederá a una reforestación una vez que concluya la obra.
Lo anterior derivado de que un juzgado federal ordenó la suspensión del proyecto como resultado de un amparo promovido por la asociación civil Cambio de Ruta desde finales de abril.
La medida legal fue solicitada por preocupaciones relacionadas con los impactos ambientales del proyecto, principalmente la tala de árboles sin una evaluación ambiental clara, mientras que el Gobierno del Estado indicó que por cada árbol talado se plantarán tres más y de esta manera se realizará una reforestación una vez terminada la obra.
“Si es poder plantar más árboles, de acuerdo con la ley nos dice que es tres árboles por cada uno que se quite. Esto se hará una vez que se termine la obra, tal cual también así lo dice la misma ley”, declaró la secretaria.
Vargas Tinajero señaló que ya se buscan instituciones que puedan proveer los ejemplares necesarios para llevar a cabo la reforestación, en coordinación con instancias como la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), el área de Ecología del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y autoridades del municipio de San Luis Potosí.
“Veremos de diferentes instancias, con la misma Segam, con Ecología de Soledad, pero sí veremos quién nos puede estar dando estos árboles”, dijo la funcionaria, además de que se trabaja en conjunto con autoridades municipales y estatales para definir los lineamientos.
El amparo 614/2025-lll incluye como acto reclamado a la orden, ya sea verbal o escrita, de deforestar, talar, cortar, derribar, reubicar, trasponer, trasladar o afectar de cualquier forma la vegetación, flora y árboles urbanos en el marco de la ampliación del bulevar Río Santiago, específicamente en el tramo que comprende desde la comunidad El Palmar hasta Palma de la Cruz, dentro de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
La demanda subraya la ausencia de estudios de impacto ambiental, medidas preventivas, correctivas o de mitigación del daño ecológico, así como la falta de consulta pública previa a la ejecución de las obras.
