Desiree Madrid
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) colocó cuatro sellos de clausura en la sección de secundaria del Colegio Motolinía, ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza, de la capital potosina.
La medida, con la que amanecieron las puertas del colegio este jueves 28 de agosto, responde a un procedimiento administrativo sancionador por infringir el artículo 138, fracción XX de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí. Los sellos advierten que cualquier alteración o retiro constituye un delito tipificado en el Código Penal estatal.
Horas después de la colocación de los sellos, la directora general del colegio, Myriam García Siller, dirigió un comunicado a los padres de familia y a la comunidad educativa en el que aseguró que la medida responde únicamente a un proceso de actualización de información ante las autoridades, por lo que no habrá afectaciones para los estudiantes ni las inscripciones del ciclo escolar 2025-2026.
“El inicio de nuestro ciclo escolar continuará en todas las secciones de manera normal”, afirmó García Siller.
También se informó que la institución tiene confianza en que este proceso administrativo se resolverá sin mayores consecuencias, pues la sanción se limita a la sección secundaria y no impacta al resto de los niveles educativos del colegio, los cuales operarán de manera habitual.
Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de acciones emprendidas por la SEGE en los últimos años para regularizar y supervisar a los colegios particulares en la entidad.
Tan solo en diciembre de 2024, la dependencia clausuró seis colegios en San Luis Potosí por diversas irregularidades, además de imponer medidas precautorias en otros tres planteles.
Estas medidas formaron parte de 25 procedimientos administrativos sancionadores ejecutados durante el ciclo escolar 2024-2025, que derivaron en apercibimientos, sanciones económicas y clausuras temporales.
De acuerdo con las propias autoridades educativas, estas inspecciones buscan no sólo sancionar, sino también garantizar que las escuelas operen bajo condiciones legales adecuadas al asegurar la validez de estudios, certificados y la protección de los derechos de las y los alumnos y sus familias.
