Desiree Madrid
A ocho meses de que una madre de familia denunciara un caso de acoso y abuso escolar en el Instituto Hispano Inglés, el caso sigue sin una resolución clara, y la exigencia de justicia por parte de la madre continúa vigente.
En este contexto, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) confirmó haber intervenido en la situación conforme a los protocolos institucionales, aunque su alcance legal es limitado en este tipo de casos.
El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, reconoció que la dependencia ya intervino en este caso en particular.
“Hemos intervenido inmediatamente con los protocolos que tenemos, este en particular ya se atendió, ya se requirió a la institución y estamos trabajando en él”, dijo.
Sin embargo, el funcionario subrayó que cuando se trata de situaciones de acoso o abuso sexual, el procedimiento rebasa la competencia administrativa de la Secretaría y se convierte en un asunto legal entre particulares.
“Es importante dejar claro que la Secretaría de Educación tiene límites en cuanto a sancionar a la institución, cuando sucede un acoso sexual o un abuso sexual, se convierte en un asunto entre particulares, los padres de familia tienen que ir ante la Fiscalía [General del Estado] a denunciar al agresor, para que se lleve otro procedimiento y si es comprobado, pues hasta la cárcel va a dar el agresor”, explicó.
Respecto a las posibles sanciones que la Secretaría de Educación puede imponer a las instituciones educativas en este tipo de casos, Torres Cedillo aclaró que, si bien no pueden castigar penalmente a los responsables, sí pueden actuar cuando la escuela no cumple con su deber de cuidado.
“En nuestro caso, no va más allá de suspender que esa institución no tuvo la responsabilidad de cuidados adecuados y se retire el permiso para impartir la educación”, indicó.
Al ser cuestionado sobre si este caso ha llegado al punto de cancelar el permiso de funcionamiento del Instituto Hispano, el secretario respondió que “hasta el momento no”.
“Nos han comprobado que han implementado protocolos, pero la particular está inconforme hasta el momento, siente que no se ha hecho la justicia que requiere y entonces a través de sus abogados tendrá que llevar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y esa parte pues ya no nos corresponde”.
La madre del menor afectado ha manifestado públicamente su frustración por la falta de avances en el caso y ha insistido en la necesidad de una respuesta más contundente por parte de las autoridades educativas y judiciales.
Por ahora, la SEGE asegura haber hecho lo que está dentro de su competencia, pero el proceso legal aún se encuentra en manos de la parte denunciante y la Fiscalía.
