Fernanda Durán
A seis meses de que académicos y ladrilleros expusieron ante el Congreso del Estado los riesgos sanitarios, la precariedad laboral y la urgencia de políticas públicas integrales para atender la problemática de las ladrilleras en San Luis Potosí, la respuesta desde la Comisión de Ecología se limita a exhortos y a señalar a los ayuntamientos como responsables directos de actuar, sin que hasta ahora exista una estrategia legislativa concreta para resolver el conflicto.
El diputado Luis Felipe Castro Barrón, integrante de dicha comisión, reconoció que el problema persiste pese a los intentos de distintas administraciones, pero sostuvo que la aplicación de la ley corresponde principalmente a los municipios.
“Las leyes están puestas y como todos sabemos, recae la gran responsabilidad de las direcciones de ecología de los ayuntamientos. Ahora sí que el balón está en su cancha, ellos son los que tienen que hacer valer la ley, ellos son los que tienen que llevar a cabo quizá algunas clausuras, reubicación, porque los daños a la salud de las personas están sucediendo y es un tema que se tiene que abordar con suficiente responsabilidad”, afirmó.
El legislador añadió que desde el Congreso la intervención se limita a exhortos y a analizar posibles restricciones, incluso la prohibición total de esta actividad en zonas urbanas.
“De nuestra parte lo que tenemos que buscar es hacer más exhortos y ver si podemos encontrar algún candado también para prohibir totalmente el tema de las ladrilleras en las áreas metropolitanas”, señaló.
La postura contrasta con lo expuesto en agosto de 2025 durante el foro “Un escenario humanitario para las ladrilleras de Las Terceras”, donde investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) advirtieron que más del 70 por ciento de las personas evaluadas en comunidades ladrilleras presentaban riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares, renales y cardiovasculares por exposición a contaminantes.
En ese mismo espacio, los propios trabajadores solicitaron apoyos económicos, subsidios para combustibles menos contaminantes, programas de reconversión tecnológica y procesos de reubicación consensuados, al señalar que más de 10 mil personas dependen de esta actividad en la zona metropolitana.
Sin embargo, seis meses después, no existe una iniciativa legislativa específica que atienda esas demandas ni un programa anunciado desde el Congreso estatal.
Castro Barrón reconoció que no se trata únicamente de aplicar sanciones, sino de ofrecer opciones a quienes dependen de esta actividad, aunque insistió en que estas acciones corresponden a los gobiernos municipales.
“No podemos endurecer penas, debemos de ofrecer opciones, debemos de ofrecer capacitación por parte de los ayuntamientos, de las direcciones de ecología para poder migrar a algún otro tipo de tecnología y ya no seguir afectando el medio ambiente”.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el Congreso impulse programas específicos o gestione apoyos con el gobierno estatal, reiteró que la responsabilidad recae en los municipios.
“Esa tecnología y esa capacitación tendría que ser brindada por los ayuntamientos. Efectivamente ellos en su plan de ingresos deberían de considerar alguna migración de tecnología para ellos (…). Si no la aplican y si definitivamente no hay una voluntad por parte de los ayuntamientos, no vamos a lograr absolutamente nada”.
Entre prohibición y falta de políticas públicas
El legislador afirmó que el Congreso mantiene disposición al diálogo tanto con las direcciones de ecología, los ayuntamientos como los trabajadores de ladrilleras, aunque sin precisar plazos, propuestas legislativas o mecanismos concretos “para ver si podemos encontrar un punto medio que sea benéfico para los municipios y los ciudadanos”.
No obstante, también insistió en que la prioridad debe ser eliminar el impacto ambiental, aun cuando ello implique restricciones más severas.
“No podemos ser carceleros totalmente hacia ellos, pero se debe de buscar brindar oportunidades a los trabajadores”.
Mientras tanto, las ladrilleras continúan operando en condiciones precarias, en medio de una problemática que combina riesgos ambientales, rezago social, falta de alternativas laborales y una responsabilidad institucional que, hasta ahora, sigue sin una ruta clara de solución.
La falta de una solución también se refleja en los reclamos recientes de habitantes de la colonia Tercera Chica, particularmente del fraccionamiento Villa Fontana, quienes en este mes solicitaron la intervención del Ayuntamiento de San Luis Potosí ante la persistente contaminación del aire atribuida tanto a la quema en ladrilleras como a tiraderos clandestinos.
Aunque el Ayuntamiento reconoció intervenciones en la zona, indicó que el tema de las ladrilleras compete a la autoridad estatal, mientras los habitantes insistieron en que la contaminación continúa afectando a decenas de familias.
