Por Victoriano Martínez
Presionar a los ayuntamientos desde el gobierno estatal para que fortalezcan sus corporaciones policiacas para mejorar las condiciones de seguridad, si se trata de un factor que en un diagnóstico con todas las evidencias del caso aparece como algo que impide el combate a la criminalidad, resulta no sólo loable, sino necesario.
Si la presión se lleva al extremo de hacer pública la relación de los municipios que menos avances han tenido en materia de seguridad, la medida comienza a dar visos de un sesgo que abre la sospecha a un interés distinto a verdaderamente mejorar las condiciones de seguridad.
¿Por qué hacer pública sólo la relación de los municipios con menos avances? ¿Por qué no hacer pública una evaluación de todos los municipios con la exhibición de una metodología clara, con criterios y parámetros precisos que disipen cualquier motivo de duda?
Una evaluación con tales características no es fácil y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya dio muestras de poca disposición para hacerlo de esa manera en 2023, cuando se le ocurrió aquella evaluación novedosa que llamó Semáforo Estatal de Rendimiento Gubernamental S.L.P.
Si esa presión-amenaza para los municipios con menos avances va acompañada de una advertencia relacionada con el 2027 como año electoral, la sospecha de un interés distinto a verdaderamente mejorar las condiciones de seguridad se acerca mucho a convertirse en certeza.
“Que la ciudadanía conozca realmente quién trabajó y quién no trabajó en la seguridad, porque luego vienen las elecciones y ahí andan nuevamente pidiendo el voto la gente que no trabajó”, advirtió Gallardo Cardona.
Una expresión que confirma que en San Luis Potosí no hay gobernador, sino un personaje que antepone sus intereses personales a sus obligaciones como mandatario, desde promotor de espectáculos hasta operador electorero y muchas otras desviaciones del servicio público, todas con cargo al erario.
Así, lo mismo apoya una iniciativa para poner como requisito para los aspirantes a alguna candidatura que presenten un certificado de integridad emitido por uno de sus subordinados, y ahora anuncia la presentación de una descalificación en contra de alcaldes con fines electoreros confesos.
Así colocaría en su ámbito de influencia la posibilidad de autorizar o desautorizar candidatos y de realizar evaluaciones para descalificar a funcionarios municipales que pudieran tener aspiraciones para la siguiente elección. ¿Con qué certificado de integridad garantiza Gallardo Cardona que no hará mal uso de esas posibilidades?
Cuando comenzó a publicar su Semáforo Estatal de Rendimiento Gubernamental S.L.P., lo más notorio fue un sesgo por inclinaciones afectivas que no se pudo justificar con una metodología seria, al grado de que el dichoso Semáforo desapareció, no sin dejar constancia de lo ocurrente y caprichoso de la medida.
Exhibir sólo a aquellos ayuntamientos que no avanzan en materia de seguridad porque luego andan pidiendo el voto se aleja abiertamente del argumento de buscar mejorar las condiciones de seguridad, y si algo tiene de ocurrente y caprichos, tiene mucho más de perversa maniobra con fines electoreros.
Un típico caso que presagia una exhibición con careta de evaluación, cual Semáforo Estatal de Avances en Seguridad Municipal, en la que los resultados describirán más al evaluador que al evaluado.
