Semana clave

Por Victoriano Martínez

Esta semana será clave para la rendición de cuentas y la fiscalización del uso de los recursos públicos.

Semana de martes 13.

Justo el día que se vencen los 30 días hábiles para que concluya la verificación y validación física del contenido del acta administrativa de entrega recepción y sus anexos, y se señalen los hechos u omisiones con el apoyo del órgano interno de control.

Las irregularidades detectadas por las actuales administraciones municipales pasan a ser del conocimiento de las contralorías internas para que comiencen los requerimientos a quienes dejaron sus cargos el pasado 30 de septiembre.

Se trata de informes clave que mostrarán qué tan en serio se han tomado los actuales alcaldes su obligación de no dejar impune cualquier irregularidad cometida por sus antecesores que haya provocado un daño al patrimonio municipal.

Son informes de tal trascendencia, que resulta obligado para todas las administraciones actuales un esfuerzo suficiente para que los pobladores de cada uno de sus municipios puedan conocer la información y las acciones que realizan para proteger los bienes comunes.

Por su dimensión y el resultado electoral del 1 de julio, el caso del ayuntamiento de San Luis Potosí es el que mayores expectativas ha generado. No hay que olvidar que –aun con el sesgo que pudiera tener– 4 de cada 10 pesos malgastados detectados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el ejercicio fiscal 2017 se reportan en la administración que encabezó Ricardo Gallardo Juárez.

Semana de martes 13, pues.

Que también será el día en que aparezcan –así, en plural– en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes –no uno solo para los informes general e individuales– que reponen –según el segundo decreto (primero en sesión ordinaria)– el decreto que dejó sin efecto la aprobación de esos informes, por ilegal, hecha por la anterior legislatura.

Los dictámenes que aparezcan en la Gaceta Parlamentaria de este martes serán el primer indicio sobre qué tan en serio se toman los diputados su papel como uno de los tres poderes, el que tiene a su cargo la fiscalización, o si la primera votación en sesión ordinaria fue una mera simulación para, al final, dejar las cosas igual.

De ser lo segundo, y que posteriormente lo avalara el pleno en la sesión ordinaria, estaríamos ante la confirmación de que los actuales diputados no son más que una prolongación de sus antecesores, le darían continuidad a la peor legislatura de la historia y, a partir de ahí, registrar la inercia de la maldición del Poder Legislativo.

Lo que en su primera sesión ordinaria fue un acto de responsabilidad al rescatar su atribución de revisar los informes de la Auditoría Superior del Estado conforme al marco constitucional, hoy es prácticamente su prueba de fuego.

La encrucijada es simple: o siguen los pasos de sus antecesores y –voluntaria o involuntariamente por negligencia– se asumen como prolongación de la ecuación corrupta, o dan una señal de una real voluntad de trabajar para el combate a la impunidad.

Esta semana es, pues, clave para la rendición de cuentas y la fiscalización del uso de los recursos públicos: sabremos qué tan en serio se les toma o si sólo es mero discurso que alienta a que la corrupción siente sus reales.

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