María Ruiz
Para el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, el reciente fallo que declara culpables a cuatro policías municipales de Lagos de Moreno por la desaparición de cuatro jóvenes potosinos en 2021 representa un avance que no hubiera sido posible sin la intervención decidida de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Este jueves 13 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que se obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada de personas, tras las pruebas que presentaron ante el juez los agentes del Ministerio Público Federal (MPF), adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF).
Se da la responsabilidad de Erick Irineo Hernández Larios, Óscar Abascal Polito, Juan Manuel Márquez de la Paz y Seyed Muhammad Husain Martínez Orozco, quienes participaron como coautores en la desaparición de Alan Michel Martínez Vargas, Caleb Adonai Maldonado Monsiváis, Jorge Rodríguez Ortiz e Israel Andrade Hernández, todos originarios de San Luis Potosí y desaparecidos el 26 de julio de 2021 cuando viajaban a Tonalá, Jalisco, por una oferta de trabajo.
Para Edith Pérez Rodríguez, representante de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, el papel de la CNB marcó un antes y un después en la investigación.
“Fue un gran logro por parte de la maestra Martha Lidia Pérez Gumercindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ella puso una atención inmediata al caso; se aplicó bastante y créeme que hizo un buen trabajo dando seguimiento ante la FGR ”, expresó.
Pérez Rodríguez destacó que, previo a la llegada de la nueva titular, la Fiscalía General de Guadalajara “no se prestaba para nada, ni para la búsqueda ni para avanzar en lo de los policías”.
Según explicó, la CNB tuvo que intervenir directamente para exigir a la Fiscalía de Guadalajara la entrega de información clave.
“Le puso un ‘hasta aquí’ a la encargada de la FGR en Guadalajara. Les pidió que entregaran la cuadrilla de esos días para poder identificar a quién correspondían los movimientos. Gracias a eso se abrieron líneas que estaban detenidas”, dijo.
Pérez Rodríguez también subrayó el esfuerzo de las familias y de convencerlos, a lo largo de estos años de acompañamiento, de participar en audiencias y de denunciar, lo que no fue sencillo, pero su testimonio resultó determinante.
“Ellos entendieron la importancia de su denuncia y de su participación. Se aventaron un mes completo en audiencias en Jalisco. Todas las pruebas —grabaciones, escuchas y demás— fueron contundentes y permitieron que llegara el fallo”, señaló.
Aunque la sentencia representa un avance jurídico, para las familias no hay descanso.
“Las compañeras lo que quieren es a sus hijos. Y ahí está nuestra labor como colectivo: abrazarlas y decirles que los seguimos buscando, que vamos a seguir hasta encontrarlos, porque queremos saber cuál es su paradero y que qué pasó con ellos, sus familias merecen verdad y justicia”, afirmó Pérez Rodríguez.
El colectivo insistió en que este caso demuestra lo que debería ocurrir en todo el país: que las fiscalías investiguen, autoridades que colaboren y familias acompañadas en sus procesos de búsqueda.
“Lamentablemente muchos casos se quedan en el limbo porque no se retoman indicios fundamentales. Aquí se logró porque hubo voluntad y trabajo coordinado”, indicó.
Las madres y padres de los jóvenes permanecen firmes, vigilantes y en pie de lucha. Para ellos, la sentencia no cierra una historia, pues según Edith, es sólo un paso más hacia la verdad y el paradero de sus hijos.
