Serie | Los desaparecidos de la zona Media: las investigaciones apuntan al Estado

Desde las policías municipales hasta el Mando Único Policial perpetraron una serie de desapariciones en la zona Media, cooptados por el crimen organizado.

Este texto forma parte de una serie de cinco reportajes que se publicarán cada semana en Astrolabio. Consulta la primera y la segunda parte.

Marcela del Muro

“¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde camino para buscarlo? Estoy a ciegas, quienes saben qué pasó no hablan, pero siguen en activo. Ellos siguen escalando puestos”, reflexiona Marisela Torres sobre la pesquisa de su hijo Edgar Daniel Hernández Torres, quien fue desaparecido por sus compañeros de la policía municipal de Rioverde, el 16 de enero de 2011.

Daniel, que tenía 22 años, fue de los primeros jóvenes víctimas de desaparición forzada en la zona Media del estado.

La madre del policía recuerda que aquel 16 de enero quedó de llevarle la cena al trabajo, Daniel laboraba en el turno nocturno. Pero su hijo la llamó y canceló el plan, saldría de la corporación para arreglar unas patrullas. A Marisela se le hizo extraño: “¿Por qué arreglarían unas patrullas en la noche?”, cuestionó, el joven no dio explicaciones, solo agregó que sus jefes pasarían por él.

Al día siguiente Marisela hizo un viaje de trabajo a la Ciudad de México. A su regreso a Rioverde, el 20 de enero, se enteró de que Daniel no había vuelto a casa. Fue a preguntar por él a las oficinas de la policía municipal, donde le avisaron que estaba en un “evento”. No era una situación fuera de lo común, Daniel llegó a estar uno o dos días fuera de casa por cuestiones del trabajo, pero lo que inquietaba a la madre era que habían pasado cuatro días y su hijo no llevaba cambio de ropa; él cuidaba mucho su aseo personal, se bañaba hasta dos veces al día.

La novia de Daniel también estaba preocupada y llamó a Marisela para comentarle que en cuatro días no había tenido noticia del joven policía. La madre regresó a las oficinas a preguntar, nuevamente, pero nadie sabía nada del “evento” al que habían enviado a Daniel; esperó al jefe de su hijo, quien le aconsejó poner un acta de conocimiento de hechos por su desaparición.

La madre preguntó a varios de los compañeros de Daniel, pero ninguno le quiso decir qué pasó con él. Hasta que llegó con una joven policía que lo recordaba como un muchacho serio que no se metía con nadie y le aseguró que a su hijo se lo habían llevado los jefes. “Más vale que le llore a uno y no a más, señora”, le advirtió la policía.

Marisela Torres porta una ficha de búsqueda de su hijo Daniel, desaparecido en 2011 en Rioverde, durante una manifestación del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en el municipio de Ciudad Valles.

Marisela recuerda que le anotó los nombres de varios agentes policiacos, entre ellos el de Juan Manuel Ávila Juárez, entonces director de Seguridad Pública Municipal y un tal “comandante Dragón”, que tenía el puesto de director operativo y, actualmente, se encuentra prófugo.

“Se me hacía algo imposible, pero ella me dijo que se llevaron a mi hijo porque no había querido aceptar meterse a los enjuagues que traían sus jefes”, recuerda la madre. La investigación del caso de Daniel pone sobre la mesa la posibilidad de que los jefes estuvieran coludidos con un grupo de la delincuencia organizada.

En junio de 2011 se encontró una fosa clandestina en San Ciro de Acosta, en un predio vecino al municipio de Rioverde, se dice que se encontraron seis cuerpos con muestras de tortura. Marisela agrega que algunos de esos restos eran de policías, pero ni rastro de su hijo Daniel. No hay certeza de la identidad de los cuerpos, pero se dijo que entre ellos se encontró a Rodolfo Rojas, comandante de la Policía Municipal de San Ciro, que tenía desaparecido dos semanas.

Marisela piensa que en la zona existen más casos de policías que fueron desaparecidos, pero que sus familias decidieron no poner denuncia, quizá por miedo o por lo difícil que es enfrentarse a las autoridades para exigir justicia. Esto lo dice por todo lo que ha vivido: burlas, omisiones, revictimización y criminalización por parte de las autoridades en la búsqueda de Daniel, que desalentarían a cualquier persona.

“La investigación no avanza nada porque muchos de los implicados están todavía en activo. Pero, a estas alturas, yo ya no busco culpables, solo quiero saber dónde está y traerlo de nuevo a casa”, señala la mamá de Daniel.

La primera periodista desaparecida en la zona

Manifestación de reporteros afuera del palacio legislativo en San Luis Potosí, exigiendo mayor protección y mejores condiciones de trabajo.

Adela Jazmín Alcaraz López era la conductora estelar del noticiero nocturno CNL Noticias, en el Canal 12 de Rioverde. El 26 de octubre de 2012 fue desaparecida junto a sus dos hijos, quienes fueron posteriormente liberados y recuperados por su familia.

Según la prensa, la familia de la periodista, originaria de Guadalajara, recibió una llamada de un sujeto identificado como Capitán Víctor, avisando que los hijos de Alcaraz López se encontraban a salvo con su niñera. La madre de Jazmín viajó a Rioverde para poner la denuncia por la desaparición de su hija y recuperar a sus nietos.

Una declaración del entonces procurador del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias, dada a un medio de comunicación, indica que la investigación por la desaparición de Jazmín Alcaraz se detuvo en febrero de 2013 por falta de pruebas.

Aún con la presión de diversas instituciones internacionales que velan por los derechos de la prensa, las autoridades potosinas no han logrado dar con el paradero de Jazmín Alcaraz, tampoco lograron determinar si su actividad periodística, hechos personales o una mezcla de ambos fueron el motivo de su desaparición.

A principios de agosto de este año, el ex jefe policiaco Juan Blanco Alvarado, pareja de la periodista, reapareció en un medio local rioverdense y dio su versión de la desaparición. Blanco Alvarado fue detenido por el ejército, exactamente, un año antes de la desaparición, el 26 de octubre de 2011, por supuestos nexos con el crimen organizado. Él se desempeñaba como director de Seguridad Pública del municipio de Cárdenas.

En el video de más de 15 minutos publicado en el portal El Mundo de San Luis, el expolicía denuncia que su detención fue arbitraria y se le fincaron cargos que no cometió. También cuenta que Jazmín hizo todo lo posible por averiguar por qué lo detuvieron y se encargó de denunciar las inconsistencias del caso localmente, incluso llegó a manifestarse con otras esposas de oficiales que también fueron detenidos.

“Adela Jazmín Alcaraz López… también fue víctima de un crimen de estado”, refirió Blanco Alvarado en el video. “Su único delito: informar la verdad ante la sociedad en busca de legalidad y justicia, denunció hechos violatorios de derechos humanos, descubriendo el paquete calderonista, la guerra sucia de Calderón”.

Policías desaparecen ciudadanos

Maty Huerta era policía municipal en Rioverde, recuerda con nostalgia y alegría aquella etapa, pero el 14 de diciembre de 2016 su vida dio un giro cuando un grupo de hombres armados se llevaron a su pareja, Andrés Fructuoso Salazar, de entonces 36 años.

“Yo era servidor público y desconocía a quién debía de acudir para presentar la denuncia o quién debía de buscarlo”, relata Maty.

Ficha de búsqueda de Andrés Fructuoso realizada por su esposa Maty.

Andrés tenía un taller de hojalatería enfrente del Hotel María Dolores, en plena entrada a la ciudad de Rioverde. Por testigos, se sabe que “él trató de defenderse y le dispararon dos veces, una en la espalda y otra en la cabeza. Yo pienso que ya iba grave cuando se lo llevaron”, relata Maty, quien pidió a las autoridades que solicitaran las grabaciones del hotel, pero estas fueron negadas.

Con el tiempo y la voluntad de las autoridades, se supo que el motivo de la desaparición de Andrés fue por una extorsión de un grupo de policías municipales al mando del también policía Emmanuel Mayo Castillo.

Ahora se sabe que Mayo Castillo formaba parte de un grupo élite integrado por policías municipales y estatales que fue creado para detener el aumento del narcotráfico en la zona. Paradójicamente, este grupo élite fue cooptado por una banda delincuencial afín al Cartel del Golfo.

“Ellos eran los que andaban secuestrando personas en la zona en aquellos años”, indica Maty. Este grupo operó en Rioverde, Ciudad Fernández, Rayón, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles y El Naranjo.

“Yo busqué ayuda incluso de la presidencia de la República. Ellos me pusieron a un abogado para presionar al gobernador (Juan Manuel Carreras López) para que se hiciera una investigación profunda. Pero lo que sabemos hasta ahora ha sido gracias a Joaquín (Martínez Aguilar, encargado de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en la Zona Media)”, declara Maty; también Marisela comenta que los únicos avances en la investigación de su hijo Daniel han sido por la participación de Martínez Aguilar.

La investigación de Andrés fue trasladada a la capital del estado, al área de Antisecuestros. Maty denuncia que la carpeta llegó incompleta: “le faltaban las fotos, se habían conseguido unas 9 o 10 fotografías de los policías municipales, pero desaparecieron de la carpeta cuando se fue a San Luis”.

Los desaparecidos de la zona Media

Conforme se fue avanzando en la documentación de casos de desaparición en la zona Media, iba siendo más abrumador comprobar el papel activo que tienen las corporaciones policiacas en la sistematización del delito en la zona.

Sin embargo, no son solo las policías municipales que, según los relatos de las víctimas, están coludidos con el crimen organizado, es toda la estructura municipal que permite, ya sea por acción o inacción, que este delito siga existiendo en la zona.

La policía municipal no fue la única institución de protección ciudadana que perpetró desapariciones, también el Mando Único Policial fue señalado. En la primera entrega de esta serie conocimos la historia de Tere Castillo, que busca a su hija Perla Guadalupe Padrón y a su a yerno, José Alberto Gallegos, desaparecidos el 14 de junio de 2013 en Ciudad Fernández, y cuyo principal sospechoso de su ausencia es Genaro Sandoval Plascencia, mando único en la zona en aquellos años.

Un reportaje periodístico que recapituló la vida del capitán Sandoval Plascencia hasta su muerte, en mayo de 2016, señala que existen más de 100 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por diversas violaciones.

Las fichas de búsqueda de la Fiscalía General del Estado (FGE) nos indican que el primer caso registrado en la zona, el 23 de noviembre de 2009, es de un hombre de 37 años que regresaba de Nuevo León a Rioverde, pero se perdió su rastro en el viaje. Desde entonces hasta 2019, se registraron 70 desapariciones, de las cuales, el 66 por ciento (46 casos) corresponde a hombres y 24 casos son de mujeres. La edad promedio de hombres desaparecidos en la zona es de 30 años y 21 años para las mujeres.

Las fichas indican que el municipio de Rioverde es donde más desapariciones se han reportado, con 25 denuncias; seguido por Ciudad del Maíz con 12 casos y Ciudad Fernández con 11.

Aunque las historias de las familias nos hacen pensar que la desaparición forzada es masiva en la zona, los registros de Fiscalía no lo muestran así. Aquí es importante recordar que por ser un delito ejercido por agentes del Estado es posible que la “cifra negra” sea muy alta. Las fichas de la FGE muestran que a partir de 2018 se da un aumento significativo: de cinco casos en 2017 a 32 en el año siguiente, y bajando nuevamente a 16 en 2019.

La búsqueda en campo

Tere Castillo, Maty Huerta y Marisela Torres forman parte del colectivo de búsqueda de personas Voz y Dignidad por los Nuestros, fundado en 2016 en la zona Huasteca y extendiéndose a todo el estado; en la siguiente entrega profundizaremos sobre la historia de la agrupación.

Las familias se agruparon para presionar al Estado, que no contaba con los medios, materiales, humanos ni presupuestales, para hacer frente a la desaparición de personas; y fueron pieza clave para la creación y buen funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, parte de la Fiscalía, creada en 2017, y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, creada hasta 2018.

Edith Pérez y Lupita Mendiola, fundadoras del colectivo, comenzaron a explorar campos donde se calcinaron cuerpos de personas desaparecidas en Tamaulipas desde 2017, en busca de sus familiares ausentes. Esos conocimientos forenses fueron compartidos con las compañeras del colectivo.

El 30 de octubre de 2018 se convocó a la primera búsqueda en el estado. Las mamás del colectivo acompañaron a Maty a un terreno localizado en la comunidad de Santa Isabel de Tablajero, en búsqueda de su esposo, Andrés Fructuoso Salazar. Un detenido declaró haber participado en la desaparición de Andrés e indicó esa locación como el lugar donde intentaron desaparecerlo.

Peritos de la Fiscalía General del Estado caminan por el área delimitada donde se busca a Andrés Fructuoso Salazar en la comunidad de Santa Isabel de Tablajero.

En el lugar abundan los nopales de todos tamaños y hay un área donde en época de lluvia corre un riachuelo, en ese momento seco. Ahí se encontraron restos calcinados provenientes, posiblemente, de un tambo de metal que fue derribado por el agua y que fue utilizado como horno de incineración.

En la zona también se encontraron unas esposas y un cráneo con un impacto de bala. Aún no se sabe si corresponde a Andrés porque los exámenes genéticos aún no dan resultados.

“No ha sido fácil, la desaparición nos truncó la vida, la estabilidad. No te deja vivir. Fue muy difícil sobre todo para mi hijo que acababa de cumplir seis años. En ese momento yo no tenía cabeza y él se dio cuenta de todo, comenzó a tener mucho miedo y no quería salir o que yo me alejara, por temor de que también me dejara de ver. Yo sentía mucho coraje”, relata Maty

Tras cinco años de la ausencia de Andrés, la familia Huerta volvió a vivir la desaparición de otro familiar, Carlos Issac Huerta, sobrino de Maty, desaparecido el 21 de diciembre de 2021 en Rioverde.

Camiseta con el rostro de Carlos Issac Huerta, desaparecido en diciembre de 2021.

“Me siento muy desilusionada, vamos de mal en peor”, asevera Maty e indica que el agente del ministerio público encargado del caso de su sobrino no se ha comunicado con la familia, no se sabe qué avances hay en la investigación ni si alguno de los tantos cuerpos que se han localizado en la zona corresponde a su sobrino.

Maty dice que las desapariciones en la zona se volvieron a disparar y la secrecía de las autoridades la hace pensar mal. “Te queda la incertidumbre de qué tanto están implicadas en las actuales desapariciones porque no nos dan respuesta, no hay investigaciones”, cuestiona.

“Ponemos todo en manos de Dios porque en las autoridades no podemos confiar”, finaliza Maty.  

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