Astrolabio

Jaime Nava

En rueda de prensa, la titular de los Servicios de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez informó parcialmente sobre la relación de la institución a su cargo con empresas vinculadas a Gabriel Alan Salazar Soto, el empresario que recientemente fue denunciado por un grupo de inversionistas por un presunto fraude en una de sus financieras.

Al comienzo de la rueda de prensa, se aseguró que Gabriel Alan Salazar Soto “nunca ha tenido relación laboral con los Servicios de Salud de San Luis Potosí, es decir, nunca se ha desempeñado como trabajador de ésta dependencia”. Enseguida se afirmó que “no se encontró ningún contrato formalizado con las empresas: Scoltta y/o Proshine, Infinite y/o Invercorp Capital Financial”.

Tal afirmación es imprecisa, toda vez que Astrolabio Diario Digital cuenta con documentos elaborados por los Servicios de Salud donde aparecen pagos a la empresa KUBAL ZF, COMERCIALIZADORA INTEGRAL SA DE CV que ellos mismo identifican como “Proshine”.

Entre otros datos que se revelaron a medias durante la conferencia de prensa destacan 17 contratos celebrados en el periodo 2017-2018. En cinco de ellos Gabriel Alan Salazar Soto intervino como proveedor y en los 12 restantes como representante legal de distintas personas morales de las que no se publicaron los nombres.

Posteriormente, mostraron dos gráficas: en la primera se dio a conocer la cantidad total de contratos celebrados por la institución con personas físicas y morales. Mil 280 contratos, en el periodo 2017-2018, de los cuales, el 1.3 por ciento (17 contratos) corresponden a las empresas de Gabriel Alan Salazar Soto.

En la segunda gráfica, los contratos se tradujeron en dinero: en los mil 280 contratos los Sevicios de Salud de Gobierno del Estado erogaron siete mil 443 millones 525 mil 352 pesos con 32 centavos de los cuales 64 millones 977 mil 396 pesos con 96 centavos fueron pagados a empresas relacionadas con Gabriel Alan Salazar Soto.

Al presentar la gráfica, Mónica Rangel Martínez leyó el monto total ejercido; pero, al momento de informar la cantidad entregada a las empresas prefirió dar a conocer el porcentaje: “solamente el 0.9 por ciento fue contratado a esta persona (Gabriel Alan Salazar Soto) o a una empresa que representara”.

La funcionaria comentó que todos los contratos del ejercicio fiscal 2017 fueron reportados en la Cuenta Pública y revisados por la Auditoría Superior del Estado (ASE). Asimismo, detalló que uno de los contratos, relativo al servicio de aseo y limpieza, se financió con recursos mixtos; es decir, fondos estatales y federales por lo que fue fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, “sin que existan acciones pendientes de atender” ante ambas auditorías.

Se realizó la misma aclaración en lo que respecta a un contrato celebrado en 2018 y pagado con recursos mixtos; no obstante, se informó que los demás contratos están en proceso de revisión por parte de la ASE.

Rangel Martínez apuntó que el conflicto entre Gabriel Salazar Soto, la empresa Invercorp y los inversionistas son asuntos particulares en los que no tiene injerencia la institución a su cargo. Lamentó que se dañe el patrimonio de las familias; sin embargo, dijo: “los hechos a los que pretenden vincularme de forma dolosa, son infundados y totalmente reprobables”.

También, comentó que su prioridad es atender la epidemia por coronavirus COVID-19 y se dijo dispuesta a atender el llamado de cualquier ente para la revisión de “todos y cada uno de los recursos que me han sido asignados.”

Finalmente, el secretario general del estado, Alejandro Leal Tovías, consideró que la documentación y publicación de contratos es “un distractor” y pidió no hacer caso ya que “el tema importante es la salud de los potosinos”.

 

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