Por Victoriano Martínez
A 43 días de que se publicó el decreto que crea el Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito (ANPSSM) los efectos esperados parecen estar muy lejos de los que una determinación de tal trascendencia tendría que provocar, tanto en contra como a favor.
Del lado de los desarrolladores inmobiliarios, quienes se consideran los más afectados, y de los comuneros y ejidatarios con intenciones de vender sus tierras para nuevos fraccionamientos, la anunciada lluvia de amparos contra el decreto lleva apenas un chubasco de 22 amparos detectados en seis de los ocho Juzgados de Distrito.
De acuerdo con un seguimiento a las listas de acuerdos de los ocho Juzgados, sólo en cinco de esos 22 amparos se han decretado suspensiones para los actos reclamados con la aclaración de que “siempre que éstos pudieran tener como consecuencia de manera inequívoca, la privación total o parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios”.
El primer amparo que obtuvo una suspensión fue el número 1336/2021 promovido por Anselmo Pérez Pérez y Otros, que se encuentra en el Juzgado Tercero de Distrito. El acuerdo de suspensión se tomó el 22 de diciembre y fue publicado al día siguiente, sin que se le diera difusión en medios de comunicación.
El segundo amparo que obtuvo una suspensión fue el 1364/2021 del Juzgado Cuarto, acordado el 31 de diciembre y publicado en lista de acuerdos el 3 de enero. Fue el primero en difundirse en medios con tal despliegue, que fue muy obvia la intención de los desarrolladores de sembrar dudas sobre la viabilidad de la ANPSSM.
“Suspende juzgado federal área natural protegida de Sierra de San Miguelito”, tituló su primer nota el mismo 3 de enero el periódico Pulso en su versión electrónica. “Amparo tira área natural protegida de Sierra de San Miguelito”, remató en la portada de la sección B de su versión impresa al día siguiente. Muchos otros medios se sumaron con la misma versión.
El 5 de enero el Juzgado Sexto otorgó la suspensión en el amparo 8/2022, el 7 de enero lo hizo el Juzgado Segundo en el expediente 9/2022, y el 17 de enero el Juzgado Octavo decretó suspensión en el caso 7/2022.
Entre los otros 17 amparos hasta ahora tramitados se encuentran casos en los que se han entretenido en requerimientos de aclaraciones a las demandas, que van desde precisiones en los actos reclamados a el reconocimiento de firmas por haber detectado hasta tres rasgos distintos en los documentos que acompañan a la demanda.
El ANPSSM abarca 39 núcleos agrarios, por lo que el trámite de sólo 22 amparos podría dar la impresión de que no hay un rechazo generalizado en contra del decreto.
Nada más alejado de la realidad si se toma en cuenta que una de las principales deficiencias en el trabajo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) durante el proceso de construcción de la declaratoria de la ANP fue haber omitido un recorrido efectivo a todas las comunidades para consultarlas e informarles de los alcances que tendría el decreto.
Una omisión que ha permitido que se haga creer a los ejidatarios y comuneros que el decreto representa un despojo de sus tierras. Si carecen de información a ese grado, en cierto sentido resulta lógico que, aunque se sientan inconformes, tampoco pudieron tener la posibilidad de recurrir a un procedimiento legal para manifestar su desacuerdo.
Fue esa omisión de la CONANP y la noticia que se tuvo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sobre esa confusión y malestar entre ejidatarios y comuneros la que provocó que el pasado 5 de enero estuviera aquí María Luisa Albores González, titular de esa Secretaría, para firmar un convenio con el gobierno Estatal.
Han pasado 20 días, y lo que se podría haber esperado sobre la campaña intensiva de información hacia los ejidos y comunidades de la Sierra de San Miguelito sobre los alcances del decreto tampoco ha dado muestras de resultados conforme a la expectativa que se creó.
Si el rechazo al decreto de ANPSSM no se ha reflejado en lluvia de amparos con que amenazaron algunos inconformes, la promoción de sus bondades tampoco se ha notado como el caso lo requiere ante los ejidos y comunidades dentro del polígono del Área Natural Protegida.
Acciones concretas y específicas que desde hace 20 días se anunciaron por parte de las autoridades federales y estatales se señalaron el 5 de enero y ya se tendrán que haber visto.
Aunque es muy pronto, resulta lamentable que la protección a la Sierra de San Miguelito, a pesar de un decreto sin precedentes, parece encaminada desde el ámbito oficial a caer en las redes de la más desacreditada burocratización.
