Alejandro Rubín de Celis 

Es inminente la aprobación en estos días del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) en lo que representaría un auténtico madruguete por parte del Cabildo de San Luis Potosí ─encabezado por el alcalde, Xavier Nava Palacios─ con tal de atender las exigencias y fuertes presiones de desarrolladores inmobiliarios y desoír las demandas de presidentes de juntas de mejoras y de activistas y grupos ecologistas para evitar que continúe la depredación de áreas naturales que ofrecen indispensables servicios medioambientales al municipio de la capital.

El Cabildo pretende aprobar el programa en cuestión sin que antes el gobierno federal haya determinado y hecho oficial la poligonal de lo que será la nueva Área Natural Protegida (ANP) en el municipio de San Luis y municipios aledaños.

Pese a que el ayuntamiento de la capital publicó ayer un comunicado que titula OPINIÓN CIUDADANA, FUNDAMENTAL EN EL ORDENAMIENTO DE LA CIUDAD ─así, en mayúsculas─ en el que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) anuncia que “pronto será entregando al Gobierno Municipal, los documentos para seguir el proceso que señala la ley, como subirlos a Cabildo”(sic), se sabe que la versión final de ese documento está desde hace al menos dos semanas en manos de regidores, síndicos y del presidente municipal, quienes, en un acto de opacidad y en clara violación a la cláusula séptima de la convocatoria a la consulta pública que se llevó a cabo para tal efecto, le dan la espalda a la población al no haberlo dado a conocer ni siquiera al día de hoy.

El virtual albazo contradice lo establecido en la propia convocatoria a la consulta pública emitida por el ayuntamiento, que en el punto “IV.3 Zona sujeta al decreto del ANP Sierra de San Miguelito” establece que no se puede modificar el uso de suelo, el cual queda “a la espera de que se defina la poligonal del ANP y su respectiva área de amortiguamiento” lo cual, hasta donde se sabe, no ha sucedido, al menos de manera oficial.

Presumiblemente la autoridad pretende adelantarse y aprobar el PMOTDU para asegurar el arranque de los proyectos inmobiliarios de un grupo de desarrolladores, uno de los cuales, el denominado Cañadas, consta de 2 mil 69 hectáreas en la Sierra de San Miguelito (SSM), aunque el propósito es entregar en parcialidades las tierras codiciadas que en total suman 5 mil 700 hectáreas, tanto en la serranía como en la zona metropolitana de la capital.

Pero la SEMARNAT no ha dado a conocer oficialmente la nueva poligonal y, si acaso los integrantes del Cabildo ya tuvieran conocimiento de ello debieron hacerlo público, no haberlo hecho oportunamente representaría otra condenable omisión en su papel de representantes de la sociedad. Además, si están decididos a dar el paso y ya saben que en los polígonos considerados por la autoridad federal no están incluidas las áreas de interés de los desarrolladores, ¿por qué no darlo a conocer?

Si el Cabildo aprueba el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano sin contar con información oficial de que una parte de la Sierra de San Miguelito no está considerada en lo que será la nueva ANP, estaría incurriendo en una grave contradicción y renunciando al reconocimiento de que la SSM es un área no urbanizable ─como también señala la convocatoria─, y dejaría en claro que prefiere atender los voraces intereses del gran capital inmobiliario, que proteger una zona que resulta fundamental para dar viabilidad a la ciudad y proteger un entorno que ofrece servicios ambientales de la más alta prioridad.

Lo más seguro es que el Cabildo no tenga esa información de manera oficial, toda vez que en un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas el pasado 2 de mayo, en el que se dan a conocer los resultados del estudio que la SEMARNAT encargó a la UNAM campus Morelia, se presenta una imagen con una línea negra que abarca más de 100 mil hectáreas que coinciden con la extensión declarada por el presidente López Obrador en la conferencia mañanera del pasado 6 de marzo, en la que mencionó que el ANP cubriría más de 100 mil hectáreas.

La desafiante posibilidad de un albazo podría llevar a la federación ─si se lo propone─ a  buscar un mecanismo legal para obligar al Cabildo a dar marcha atrás a la aprobación del PMOTDU y a esperar a que se decrete la declaratoria de Área Natural Protegida  para, en todo caso, proceder al cambio de uso de suelo, pues si la nueva poligonal efectivamente cubre más de 100 mil hectáreas, aparentemente la aprobación del Cabildo quedaría sin efecto. Lo que es de esperarse es que la federación no se quede de brazos cruzados si a nivel municipal se da la aprobación.

Mientras tanto, se sabe que al menos cuatro equipos de abogados afines a los grupos ambientalistas analizan con toda prisa disposiciones legales aplicables y realizan acciones ─tramitar amparos, quizá─ tendientes a evitar la intentona de una aprobación anticipada del PMOTDU. Como parte del proceso, también faltaría la autorización del Poder Ejecutivo del estado al que también los activistas podrían presionar para que rechace el Programa en caso de que el Cabildo lo apruebe, lo que se ve muy poco probable pues hay indicios de que el gobernador Juan Manuel Carreras también apoya los proyectos de los desarrolladores.

Lo cierto es que si el Cabildo aprueba el PMOTDU en estos días dejará bien claro de qué lado está; sí, del lado de unos empresarios que sólo ven por sus intereses sin importar los graves daños que causarán a una parte del ecosistema de la ciudad y a todos los habitantes de la capital del estado; mostrará su incapacidad para enfrentar las presiones de un pequeño aunque poderoso grupo de depredadores inmobiliarios, y revelará la renuncia de sus integrantes ─al menos los que voten a favor─ de asumir su papel como representantes de los intereses de la sociedad, y a defender un patrimonio medioambiental que no sólo es de los habitantes del municipio de la capital sino del estado de San Luis Potosí y de todo México.