Angélica Campillo
A cinco años del desalojo violento de habitantes de la Noria de San José por parte de funcionarios estatales debido a que se negaron a vender sus propiedades a la empresa American Industries, el hecho continúa impune.
Al respecto, Griselda Haro, una de las afectadas, recordó que se cumplen cinco años del caso de la Noria de San José, donde el empresario de Chihuahua Luis Lara Armendáriz, en contubernio con funcionarios activos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a víctimas (CEEAV) y las tres corporaciones policíacas, violaron los derechos humanos de los comuneros y ejidatarios, y sin orden o mandato alguno de autoridad competente, se apropiaron de terrenos con más de 80 mil metros, destruyendo todo a su paso y, con golpeadores contratados, agredieron a los habitantes de la localidad; agregó que al siguiente año pretendieron vender en más de 240 millones de pesos dichos terrenos.
Los afectados han señalado el tráfico de influencias y la protección que el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado le han solapado a Luis Lara Armendáriz, esto a pesar de que la contraloría ha sancionado a sus ministerios públicos y su director de litigación e investigación por este mismo caso, “lo que evidencia aparte de la ineptitud, omisiones, también son los intereses que maneja la inmobiliaria Parques American Industries, S. A. de C. V., así como por indicaciones que se instruyen desde Palacio de Gobierno para beneficiar al empresario y su inmobiliaria”.
Griselda Haro refirió que las victimas reconocidas en tres recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, se ven en la necesidad de litigar contra la CEEAV para obtener una reparación integral, ya que las victimas coinciden en que esta comisión “es nefasta en la asesoría jurídica que les presta, pero el Comisionado Jorge Vega Arroyo, se vuelve muy eficiente a la hora de combatir a las víctimas en los Juzgados”.
Las víctimas aseveraron que Vega Arroyo se niega a atenderlos y delega el asunto a García Amaro, quien funge como Comisionado de facto, “ante su ausencia y desprecio por las víctimas, ya que olvida lo grave de este caso, cuando los propios funcionarios de esa comisión fueron los victimarios; resulta un despropósito que continúe al frente de la CEEAV”.
Los afectados señalaron que, además, el juez de distrito encuentra que las resoluciones que emite la CEEAV son violatorias de los Derechos Humanos, situación que evidencia la falta de capacidad de su personal, violentando una vez más a las víctimas.
Fue el 14 de junio del año 2016, cuando habitantes de la Noria de San José, al negarse a vender sus terrenos para que se instalara la empresa American Industries, fueron invadidos, golpeados, fue derribado el negocio de una residente del lugar y se registraron detenciones ilegales y privación ilegal de la libertad.
