Blakely Morales
En entrevista para Astrolabio, el director de la asociación de activismo jurídico Cambio de Ruta, consideró que el Partido Verde llegará fortalecido a la sucesión de 2027 gracias al control de estructuras gubernamentales, pero lamentó que en San Luis Potosí no se construya una política ambiental integral. A su juicio, la ausencia de una agenda ecológica contrasta con el dominio político de un partido que ha hecho del color verde su principal identidad pública.
La elección para renovar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027 perfila condiciones de una “elección de Estado”, sostuvo Luis González Lozano, director de la organización Cambio de Ruta, quien consideró que tanto el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como Morena llegarán respaldados por estructuras de poder que dificultarán la competencia para proyectos ciudadanos o fuerzas políticas de oposición.
“Va a ser una elección de Estado”, afirmó durante una entrevista en la que abordó temas ambientales, gobernanza ecológica y el panorama político rumbo a la sucesión estatal.
Para González, el PVEM parte con una ventaja evidente al controlar el aparato gubernamental estatal y orientar buena parte de sus recursos políticos hacia la construcción de una candidatura competitiva.
“Tiene muy alta probabilidad de victoria el Partido Verde porque va a ser una elección de Estado. Desde ahorita estamos viendo que todos los recursos del Estado están enfocados en una persona y todos los días se están gastando recursos públicos para ello”, señaló.
No obstante, el activista consideró que Morena también llegará con fortalezas significativas derivadas de su posición en el gobierno federal.
“Cuando hablo de una elección de Estado no solamente hablo de un partido, sino también de otro. El Partido Verde trae todos los recursos estatales para efecto de que gane una persona, pero por el otro lado no hay que olvidar que Morena tiene toda una estructura de Estado federal”, sostuvo.
A su juicio, la combinación de ambas estructuras deja poco espacio para una alternativa ciudadana o para los partidos con menor presencia.
“De eso a una tercera opción ciudadana o de otro partido, yo lo veo complicadísimo”, expresó.
Sin embargo, la reflexión política de González está estrechamente ligada a una crítica más profunda sobre el desempeño ambiental de los gobiernos recientes en San Luis Potosí.
El partido verde sin agenda verde
Para el abogado ambientalista existe una contradicción central en la política potosina: el partido que gobierna el estado bajo una identidad ecologista no ha construido, según su valoración, una verdadera agenda ambiental.
“No hay una agenda verde”, resumió.
Durante la conversación sostuvo que San Luis Potosí carece de los instrumentos básicos para desarrollar una política pública ambiental efectiva, entre ellos un inventario estatal de conflictos ecológicos que permita identificar, clasificar y priorizar los principales problemas que enfrenta cada región.
“Necesitamos hacer un inventario de conflictos ambientales. Si no sabemos qué está ocurriendo, no sabemos cómo atenderlo ni cómo priorizarlo”, explicó.
Según González, el estado enfrenta problemáticas muy distintas en la zona metropolitana, el Altiplano, la Huasteca y la zona Media, pero no existe un diagnóstico integral que permita dimensionarlas y diseñar respuestas adecuadas.
Comparó esta situación con la medicina.
“Si un paciente llega enfermo, primero hay que diagnosticarlo. Aquí ni siquiera tenemos el diagnóstico completo”, señaló.
A su juicio, esa ausencia de información también evita que la ciudadanía conozca la magnitud de los problemas ambientales y exija soluciones.
“El día de hoy no sabemos a ciencia cierta cuál es la problemática ambiental del estado”, enfatizó.
Las críticas de González alcanzan tanto al gobierno actual como a la administración anterior.
El abogado aseguró que existe una continuidad en la falta de atención a los temas ambientales y definió ambos periodos con una expresión contundente.
“Juan Manuel Carreras fue para mí la herencia maldita ecológica 1.0 y el actual gobierno es la herencia maldita ecológica 2.0”.
Desde su perspectiva, ninguna de las dos administraciones ha impulsado una estrategia ambiental de largo plazo ni ha colocado el tema ecológico entre las prioridades gubernamentales.
Uno de los ejemplos que utilizó fue la calidad del aire.
El activista recordó que desde 2016 Cambio de Ruta ha promovido diversos amparos para exigir mejores sistemas de monitoreo atmosférico y una comunicación más eficiente de los riesgos para la salud.
Actualmente, explicó, la organización prepara un nuevo recurso jurídico que recopilará una década de litigios relacionados con el derecho a un medio ambiente sano.
“Vamos a presentar un mega amparo de calidad del aire”, explicó.
La intención, dijo, es exigir un sistema integral de monitoreo que no sólo genere datos, sino que también produzca análisis, políticas públicas y mecanismos eficaces de información para la población.
La disputa por el significado de “verde”
Parte de esa inconformidad ha derivado en la creación de Verde Potosino, un colectivo ciudadano impulsado por González que busca promover causas ambientales desde la sociedad civil.
El proyecto, aclaró, no pretende convertirse en partido político ni participar en procesos electorales.
Su objetivo es articular a ciudadanos, académicos, periodistas, deportistas y otros sectores sociales interesados en la defensa del medio ambiente.
“Lo que queremos es que la gente exija sus derechos verdes”, explicó.
El nombre del colectivo tampoco es casual.
González sostiene que el concepto de “verde” ha sido apropiado políticamente por un partido que, a su juicio, no representa los principios del ambientalismo contemporáneo.
“Me da mucho coraje que el Partido Verde Ecologista de México se diga verde”, afirmó.
Incluso aseguró que las posiciones históricas del PVEM son incompatibles con las de los movimientos ecologistas internacionales.
Para él, la defensa del medio ambiente debe traducirse en políticas públicas concretas, información accesible, protección de ecosistemas, monitoreo de contaminantes y garantía de derechos ambientales.
Una sociedad civil fragmentada
Más allá de los partidos políticos, González también observa debilidades en los sectores que podrían funcionar como contrapesos.
Consideró que los colectivos y organizaciones civiles enfrentan dificultades para construir agendas comunes debido a diferencias internas, competencia por protagonismo y dependencia de apoyos económicos.
“El peor enemigo de un activista de derechos humanos muchas veces es otro activista de derechos humanos”, comentó.
Según explicó, no identifica actualmente un esfuerzo amplio y coordinado que logre articular a organizaciones ciudadanas alrededor de una visión compartida de democracia y derechos.
“Hoy no conozco un esfuerzo real, concreto y efectivo que esté uniendo a colectivos y asociaciones en una causa común”, afirmó.
Crítica al poder, no militancia
Pese a sus opiniones sobre el escenario electoral y las decisiones gubernamentales, González descartó cualquier intención de participar en política partidista.
Aseguró que su papel es el de un observador crítico y un litigante ambiental independiente.
“Yo creo que sirvo más siendo un crítico del poder”, aseguró.
El abogado sostuvo que afiliarse a un partido limitaría su capacidad para cuestionar decisiones públicas o impulsar litigios contra autoridades.
“Estoy muy casado con la idea de que al poder se le critica, no se le aplaude”, señaló.
Por ello, insistió en que su apuesta seguirá siendo el activismo jurídico y la construcción de ciudadanía alrededor de los derechos ambientales.
En ese contexto, consideró que la principal contradicción del San Luis Potosí contemporáneo es que el partido con mayores posibilidades de conservar el poder en 2027 sea, al mismo tiempo, objeto de cuestionamientos por la ausencia de una política ambiental integral.
“Va a ser una elección de Estado, pero no hay una agenda verde”, concluyó.
