Abelardo Medellín
Si el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, permitiera que se urbanice sobre los terrenos de la Industrial Minera México sin contar con un nuevo y actualizado estudio, “verdaderamente no está funcionando como servidor público y no está funcionando para la protección de la salud de los potosinos”, aseguró en entrevista con Astrolabio Diario Digital, Fernando Díaz Barriga Martínez, doctor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
El 30 de enero de 2020, directivos de Grupo México presentaron el proyecto que pretende urbanizar y construir complejos habitacionales y comerciales sobre 470 hectáreas que durante 100 años fueron ocupadas por la Planta de Cobre; en ese entonces, se proyectó construir en un plazo de una década un total de 7 mil 500 viviendas, áreas de esparcimiento, un centro comercial, ciclovías e incluso una línea de Metrobús.
Pese a lo presentado por Grupo México, el permiso para la construcción sobre esa área nunca se entregó y no se hizo público el estudio de evaluación de riesgo que se fijó como condición para emitir dicho permiso.
En entrevista con el doctor Díaz Barriga, el catedrático narró cómo fue la primera presentación de este proyecto:
“Yo participé en reuniones, Minera México presentó el programa (…) yo fui a esa reunión, vi el modelo que habían hecho y pues me ataqué de risa. Si quieren utilizar ese modelo que les permitió Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) para utilizar el predio como zona industrial, pero ahora lo quieren utilizar para justificar una zona residencial, pues no se vale y así lo manifesté yo”.
Según Fernando Díaz, aquel primer borrador del modelo de riesgo fue el último documento que tuvo oportunidad de revisar.
Sin embargo, el investigador comentó que tras haber pasado casi dos años, Grupo México tendrá que presentar no solo un nuevo modelo de evaluación de riesgos, sino uno actualizado con las normas federales que han sido modificadas desde entonces.
“Se presentó como un sitio restaurado, para eso hay ciertas normas, ciertas guías. Ahora, si tú quieres utilizar ese predio para cualquier otra actividad que involucre exposición de seres humanos, entonces tienes que hacer una nueva evaluación de riesgo, pero ahora con otros parámetros más estrictos”, afirmó el catedrático.
Díaz Barriga explicó que una de las consideraciones y normas que han cambiado desde el 2020 a la fecha es referente a los niveles de plomo.
“Acaba de salir una nueva norma de plomo en sangre en México, entonces, tiene que ajustarte todas las normas en suelo, todas las normas en aire, y tienen que hacer una evaluación ajustada a los parámetros para humanos y tomando en cuenta los niveles de toxicidad actuales”.
En agosto del año pasado, ocho meses después del anuncio del proyecto de Grupo México, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) modificó la NOM-199-SSA1-2000 “Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y acciones como criterios para proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente”, en la que pasa de permitir un límite de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre, a tan solo cinco, para proteger a niños y a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Esta sería una de las consideraciones que el nuevo estudio deberá prever en comparación con el primer modelo de riesgo.
Fernando Díaz comentó que un nuevo estudio actualizado a los valores mínimos actuales deberá también ser transparente y tener la apertura para ser consultado por expertos, en contraste con el anterior estudio hecho por Grupo México.
Díaz Barriga indicó que, en un primer momento, la empresa minera no transparentó los estudios de riesgo para que cualquiera pudiera revisarlos, ya que no se les obligó a hacerlo. En contraste, un nuevo modelo de riesgo debería ser público para que la gente interesada en comprar una casa en la zona pueda estar segura de que no haya contaminación.
Y aunque se haga un nuevo estudio, aún debería tomarse en cuenta que quienes lleven a cabo el proyecto no podrán retirar la electrolítica de zinc que está cerca de la zona.
“Para hacer una urbanización ahí tienen que tomar en cuenta que ahí está la electrolítica de zinc y meterlo en su modelo de riesgo (…) ellos quieren hacer casas habitación, que quedan muy cerca de una empresa peligrosa, ¿a qué se le llama peligrosa? Pues a una empresa que puede emitir sustancias tóxicas en un momento determinado (…) es lo que tienen que hacer, no lo habían hecho, ¿por qué no lo habían hecho? Porque no habían querido construir, ahora quieren construir, pues lo van a tener que hacer”, explicó el experto.
Según Fernando Díaz, la presentación de un nuevo estudio y modelo de riesgo, será un tema que involucrará a los tres ordenes de gobierno:
“Entra la federación porque es un sitio restaurado y es un sitio metalúrgico; entra el Estado, porque es de interés público, y entra el municipio porque es el que da el uso de suelo”.
El catedrático de la UASLP opinó que un nuevo estudio de esta naturaleza podría tomar “cuando mucho seis meses” para estar integrado en su totalidad y actualizado a las nuevas normas federales.
En caso de que la autoridad municipal decida otorgar el permiso para urbanizar la zona de la minera, la decisión deberá ser amparada en una evaluación de riesgo.
“Tiene que decir: ‘di la autorización porque había una evaluación de riesgo que me demuestra que no hay riesgo, y aquí está para quien la quiera checar’. Ah, pues ahí me callo la boca (…) pero hasta donde yo sé, no tiene permiso de construcción todavía”, apuntó.
Finalmente, Díaz Barriga habló de las posibilidades de construcción en la zona comprendida por el proyecto de Grupo México, sobre las cuales dijo:
“Zona residencial se me hace muy difícil, porque está la electrolítica de zinc; zona comercial, los valores son más flexibles, pero me gustaría ver la evaluación de riesgo (…) porque si el evaluador lo contrata Minera México, pues el evaluador de riesgo va a querer quedar bien con su patrón y bueno, como Minera México no es mi patrón yo quisiera revisar ese modelo”.
