Fernanda Durán
El Ayuntamiento de Vanegas enfrenta una confrontación interna luego de que la mayoría del Cabildo aprobara un acuerdo para separar de sus funciones al síndico municipal, José Héctor Coronado Reyna, una decisión que el funcionario calificó como ilegal al sostener que únicamente el Congreso del Estado tiene facultades para suspender o revocar el mandato de integrantes de los ayuntamientos.
Coronado Reyna aseguró que durante una sesión de Cabildo celebrada este martes se aprobó su destitución sin que existiera un procedimiento previo ni se le garantizara el derecho de audiencia.
“Se están tomando decisiones sin haberme permitido el derecho a defender, a contestar un posible procedimiento”, afirmó durante una conferencia de prensa ofrecida horas después de la sesión.
La controversia ocurre en un municipio donde la totalidad de los cargos de mayoría fueron obtenidos originalmente por Morena en la elección de 2024, aunque en marzo de 2026 el alcalde Gerónimo García Ruiz y parte de su equipo político se incorporaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que marcó un reacomodo interno dentro del gobierno municipal.
De acuerdo con la versión expuesta por el síndico, el origen del conflicto se encuentra en una opinión emitida por la Contraloría Municipal. Según explicó, el contralor presentó diversos oficios mediante los cuales planteó dar vista al Congreso del Estado para analizar una eventual remoción de su cargo; sin embargo, el Cabildo fue más allá y asumió atribuciones que no le corresponden.
“Esta propuesta la realizó el contralor (…) bajo su óptica, su opinión técnica jurídica solicita que se le dé vista al Congreso para una destitución”.
La controversia radica en que tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Orgánica del Municipio Libre establecen que la suspensión o revocación del mandato de un integrante de un ayuntamiento únicamente puede ser decretada por el Congreso del Estado mediante mayoría calificada y previo procedimiento en el que se garantice el derecho de defensa.
La fracción XXVII del artículo 57 constitucional señala expresamente que corresponde al Poder Legislativo “suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros”, otorgándoles previamente la oportunidad de rendir pruebas y alegatos.
A su vez, los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Municipio Libre precisan que cualquier suspensión o revocación debe resolverse por las dos terceras partes de los diputados y diputadas, previa sustanciación del procedimiento correspondiente.
De igual forma, se establecen diversas causas por las que un integrante de un ayuntamiento puede perder el cargo, entre ellas: infringir la Constitución o las leyes provocando un perjuicio grave al municipio o a la colectividad; desatender de manera sistemática las obligaciones de su encargo; incurrir en abuso de autoridad; usurpar funciones públicas; intervenir indebidamente en procesos electorales; ordenar privaciones ilegales de la libertad; ser condenado mediante sentencia firme por un delito doloso; disponer ilegalmente de recursos públicos o bienes municipales, así como realizar actos que impliquen violaciones sistemáticas a los planes y programas oficiales.
Sin embargo, aun cuando alguna de estas conductas pudiera configurarse, la Ley Orgánica del Municipio Libre señala que la revocación del mandato sólo puede ser determinada por el Congreso del Estado mediante un procedimiento formal y con garantía de audiencia para la persona señalada.
Además de cuestionar la legalidad del acuerdo, Coronado Reyna denunció acciones posteriores que buscan impedirle ejercer sus funciones.
“He oído señalar que el día de hoy me cambiaron la chapa de mi oficina (…) me están despojando de un bien del cual tengo la posesión para ejercer mis funciones”.
Según relató, también fueron retiradas las llaves a su secretaria, por lo que promoverá recursos legales y presentará las denuncias que resulten procedentes:
“Todas las instancias que se tengan que agotar lo vamos a hacer”.
Durante la conferencia estuvo acompañado por el exsecretario particular del Ayuntamiento, Arturo Puente, quien también afirmó haber sido separado previamente de su cargo y dijo que en Vanegas existe una práctica recurrente de decisiones administrativas sin sustento legal.
Puente cuestionó particularmente la actuación de los regidores que respaldaron la medida, pues el sentido de la votación parecía definido de antemano.
“Nos dimos cuenta que está completamente amañado porque ya para la decisión o para levantar la mano ya ellos iban con esa decisión”.
Los inconformes hicieron un llamado al Congreso del Estado para intervenir y revisar la actuación del Cabildo, al considerar que podría haberse invadido una facultad exclusiva del Poder Legislativo, además pidieron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona conocer el caso.
Los inconformes adelantaron que solicitarán medidas de protección al considerar que la confrontación política podría escalar. Arturo Puente señaló que, tras los acontecimientos ocurridos en el municipio, existe preocupación por posibles represalias contra quienes han decidido denunciar públicamente los hechos, por lo que buscarán mecanismos institucionales para salvaguardar su integridad y la de sus familias.
