Fernanda Durán
Tras ser desalojados la madrugada de este viernes 7 de abril, el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de Estado (SITTGE) informó que realizará una protesta ambulante en las calles del Centro Histórico, ya que la negociación con el Gobierno del Estado no se concretó.
El sindicato afirmó que el desalojo los tomó por sorpresa, ya que habían pactado reanudar las mesas de negociación con Oficialía Mayor y la Secretaría General de Gobierno a mediodía de este 7 de abril, a fin de que cumplieran con sus demandas, tales como la reinstalación de varios burócratas despedidos, el pago de sueldos y prestaciones pendientes.
La secretaria del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, reveló que la solución presentada por el Gobierno estatal en las mesas de trabajo para la minuta firmada el año pasado fue otorgarles sólo siete cheques que solventarían el pago de dos a cuatro quincenas de un total de 36 adeudadas, por lo que se mantenía la negación para aceptar el acuerdo.
A su vez, los sindicalizados denunciaron agresiones por parte de elementos de la Guardia Civil Estatal durante el desalojo, donde 15 personas resultaron lesionadas, de las cuales cinco tuvieron que recibir atención médica y una permanece hospitalizada.
Esta última era una persona con discapacidad, que de acuerdo con los manifestantes fue golpeada por más de cinco elementos; según relató Reséndiz Lara, la persona formaba parte del plantón debido a un presunto despido injustificado.
Francisco Parra, asesor jurídico del sindicato, señaló que a través de este operativo se cometieron diversas violaciones a los derechos humanos, así como abuso de autoridad y la coalición de las autoridades para atacar a quienes se encontraban en el plantón, entre ellos mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad.
“Hay un incumplimiento de sus responsabilidades y su investidura que compromete incluso su permanencia en el cargo. Toda vez que no reúne la idoneidad al realizar este tipo de ataques violentos”.
Además, el asesor jurídico puntualizó que la intromisión del Gobierno del Estado en la celebración de la Procesión del Silencio atenta contra los artículos 24 y 130 constitucional, este último como principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia.
“Prohíbe expresamente al Estado realizar ceremonias religiosas, y en San Luis Potosí José Ricardo Gallardo Cardona está violando la Constitución porque está llevando a cabo actos religiosos arrebatándoselos a la Iglesia católica”.
