Fernanda Durán
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) pidió públicamente una audiencia con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ante la negativa de su gabinete para resolver la problemática laboral que han denunciado los sindicalizados e incluso negaron las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, en torno a los despidos irregulares.
Tras las comparecencias con motivo de la glosa del segundo informe de Gobierno del Estado, el SITTGE desmintió las declaraciones del secretario, al exponer casos que han registrado de despidos irregulares en la actual administración, luego de que el secretario negó que el actual gobierno haya cesado a trabajadores adscritos al sindicato, atribuyéndolo a “administraciones pasadas”.
En rueda de prensa, el docente de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Ángel Manuel Medina Mendoza, declaró que el pasado 16 de agosto fue despedido de forma ilegal al acumular sus retardos y definirlos como faltas consecutivas, con lo que las autoridades educativas argumentaron que se tenían los elementos para su despido inmediato.
Asimismo, el trabajador del Programa Nacional de Inglés, Guillermo Medina Hernández, señaló que la administración del Gobierno del Estado ha despedido a personal de dicho proyecto, que aún laboran en planteles estatales y en otros casos les retienen el pago de sueldos desde hace más de un año por su pertenencia al SITTGE. A la vez, insistió en que siguen los ceses sin justificación legal. Además, recordó que el mandatario estatal se comprometió a reinstalarlos desde el mes de abril del año pasado, e inclusive entregaron documentación para ello, sin que a la fecha se haya cumplido tal promesa.
Ante esto, el SITTGE pidió la reunión con el gobernador, al considerarlo como único funcionario que tiene la capacidad de enmendar la situación, pues aseguran que las instituciones se niegan a cumplir las minutas firmadas el 8 de abril de 2022 en la que se comprometieron a reinstalar a 13 docentes del Programa Nacional de Inglés en distintas áreas gubernamentales, y la del 21 de abril de 2021 con la cual el gobierno de Juan Manuel Carreras López se comprometió a otorgar la base a diversos trabajadores, pero que la actual administración se ha negado a reconocer.
De acuerdo con los agremiados, el incumplimiento de las minutas perjudica a más de 250 trabajadoras y trabajadores estatales, que llevan más de 18 meses sin empleo y sin un ingreso económico fijo.
Por su parte, la secretaria general del Sindicato, Ana Verónica López Chávez, consideró que el Gobierno del Estado persiste en aplicarles “la ley del garrote” restringiendo sus derechos en todas las manifestaciones públicas que realizan para demandar atención a sus demandas laborales, refiriendo a las protestas del 24 y el 25 de octubre en el edificio del Poder Legislativo, en las que “un operativo” de la Guardia Civil Estatal, la Policía de Investigación y personal de seguridad del Congreso del Estado les impidió el acceso a las comparecencias del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo; del secretario de Finanzas, Salvador González Martínez, y Torres Cedillo, aunque dichos eventos eran públicos.
Recordó que a los tres funcionarios les han enviado múltiples oficios para denunciar los abusos laborales que cometen en contra de integrantes del organismo sindical, sin que respondan a tales escritos, razón por la que se manifestaron durante esos días con el fin de ser escuchados y obtener soluciones, pero siguen sin respuestas.
“En todas las manifestaciones públicas que realizamos, somos tratados como delincuentes, por un gobierno estatal que demuestra que tenemos un gobernador represor, como nunca antes lo habíamos vivido, que en lugar de atender y solucionar nuestras justas demandas, nos envían a los cuerpos policiacos”, reprochó.
