María Ruiz
San Luis Potosí ha sido señalado por el Comité de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en su cuarto informe, como uno de los estados mexicanos donde la política migratoria ha adoptado un enfoque preocupante, centrado en la seguridad y el control, más que en la protección de derechos humanos.
Uno de los hallazgos más alarmantes es la designación de mandos con formación militar para dirigir estaciones migratorias en al menos 15 estados, entre ellos San Luis Potosí.
Este enfoque, conocido como securitista, implica que las autoridades migratorias son tratadas como cuerpos de seguridad al priorizar el control territorial, la vigilancia y la contención de personas migrantes, en lugar de garantizarles condiciones dignas, atención humanitaria y respeto a sus derechos. En otras palabras, se militariza la gestión migratoria como si se tratara de una amenaza, no de una población vulnerable.
La preocupación internacional no se limita al perfil de quienes dirigen estos centros. El informe también recoge hallazgos de la Fundación para la Justicia, organización que ha documentado una alta incidencia de delitos graves contra personas migrantes en tránsito por San Luis Potosí.
Entre los crímenes más recurrentes se encuentran desapariciones, secuestros, extorsiones y violencia física, en un patrón que se repite en otros estados colindantes como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, además de Sonora, Baja California y Chihuahua.
Esta categorización coloca a San Luis Potosí dentro de un corredor nacional de riesgo, donde la vulnerabilidad migrante se entrelaza con la impunidad y la falta de mecanismos efectivos de protección.
A diferencia de entidades fronterizas donde la violencia contra migrantes ha sido más visibilizada, San Luis Potosí aparece en este informe como un punto crítico menos documentado, pero igualmente grave.
La combinación de mandos militares en estaciones migratorias y la persistencia de delitos graves sugiere una institucionalización del abandono, donde el Estado no solo falla en proteger, sino que contribuye a un entorno hostil para quienes transitan por su territorio.
En este sentido, el Comité de la ONU llama al Estado Mexicano a desmilitarizar la política migratoria, garantizar condiciones dignas en estaciones migratorias y establecer mecanismos de rendición de cuentas frente a los abusos cometidos contra personas migrantes.
Para San Luis Potosí, este llamado implica revisar urgentemente el perfil de quienes dirigen sus centros migratorios, transparentar las condiciones de detención y fortalecer las rutas locales de denuncia, atención y justicia.
