Desiree Madrid
El diagnóstico más reciente del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), coloca a San Luis Potosí entre las entidades con limitaciones estructurales en materia de servicios periciales y forenses, además de registrar importantes vacíos de información entregada por las autoridades estatales.
El informe detalla que en la entidad los servicios periciales se concentran en la Vicefiscalía Científica y en el Servicio Médico Legal. Sin embargo, al cierre de 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) no proporcionó datos sobre el personal adscrito ni sobre ambulancias forenses, lo que dificulta dimensionar con precisión la capacidad operativa en este rubro.
En cuanto a infraestructura, San Luis Potosí dispone de cinco laboratorios de servicios periciales y médicos forenses, todos fijos y sin reportar unidades móviles. Solo uno de ellos cuenta con certificación o acreditación vigente, es decir que el 80 por ciento carecen de ellos. Esta situación limita la posibilidad de garantizar peritajes con estándares de calidad reconocidos.
Respecto al resguardo de cuerpos, el estado reportó contar con 86 espacios de almacenamiento en cámaras de refrigeración y 50 en osteotecas.
Sin embargo, el documento reporta por igual que hay 86 cadáveres en resguardo del estado, lo cual sugeriría que, si estos están en cámaras de refrigeración, se tiene una ocupación del 100 por ciento y por tanto, ya no habría espacios para resguardar más restos.
Además de dichos cadáveres se reporta el resguardo de nueve segmentos, un fragmento y cuatro restos humanos no identificados.
El estudio también evidencia que la cobertura territorial de los servicios forenses no es uniforme en todo San Luis Potosí. Mientras las instalaciones se concentran en zonas urbanas, los municipios rurales carecen de acceso oportuno a peritos y laboratorios, lo que retrasa investigaciones y procesos de identificación.
Otro aspecto señalado es la falta de un presupuesto específico destinado al fortalecimiento de la infraestructura forense. El estado no reportó inversiones claras en este rubro, a diferencia de otras entidades que sí registraron asignaciones para mantenimiento, ampliación de instalaciones o capacitación.
Finalmente, el INEGI clasifica a la entidad entre las que presentan información incompleta o con vacíos relevantes en varios apartados. Esta ausencia de datos, sumada a la falta de certificaciones y a la capacidad limitada de almacenamiento, refuerza el diagnóstico de un sistema forense que opera con rezagos frente a la demanda social de justicia y verdad.
