María Ruiz
En medio de una escalada nacional de la extorsión, que alcanzó su punto más alto en registros oficiales con 5 mil 887 víctimas en el primer semestre de 2025, San Luis Potosí también enfrenta una creciente ola de denuncias, aunque con una respuesta institucional mínima.
La cifra nacional representa un incremento del 6.9 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, y un aumento del 83 por ciento en la última década, según lo dio a conocer la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) mediante su Monitor de Seguridad #DataCoparmex.
En el caso de San Luis Potosí, y de acuerdo con información oficial proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la solicitud vía SISAI 2.0 con folio UT-SI-P-337-240469825000337-2025, entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2025 se han recibido 155 denuncias formales por extorsión, sin que hasta la fecha exista ninguna persona detenida.
La Fiscalía reconoce que solo una carpeta de investigación ha sido judicializada mediante citación ante un juez.
Las modalidades de extorsión documentadas por la autoridad estatal van mucho más allá de simples llamadas telefónicas. Se identificaron amenazas directas, simulaciones de secuestro virtual, suplantación de autoridades y mensajes intimidatorios atribuidos a presuntos integrantes de grupos delictivos.
Los extorsionadores suelen valerse de una amplia gama de argumentos: daños a familiares, publicación de imágenes explícitas, exigencias de depósito de dinero, hackeo de celulares, cobro de piso, premios falsos, venta simulada de vehículos y supuestos vínculos criminales.
La combinación de estos métodos genera altos niveles de miedo, presión psicológica y daño emocional en las víctimas.
A pesar de la diversidad y gravedad de las denuncias, la falta de resultados concretos en las investigaciones mantiene en la indefensión a las víctimas, muchas de las cuales optan por no denunciar por temor o desconfianza en las instituciones.
En contraste con estas cifras, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, declaró que no se han detectado casos formales de cobro de piso o hechos de extorsión a negocios en San Luis Potosí, aunque la extorsión telefónica es un fenómeno recurrente con presencia en distintos puntos del estado.
Señaló que lo que sí se ha detectado son casos de extorsión telefónica en distintas modalidades, las cuales han sido canalizadas a través de las unidades especializadas.
Juárez Hernández insistió en que, hasta ahora, no hay evidencia formal de presencia sistemática de grupos criminales que sostengan algún tipo de persecución u hostigamiento directo con empresas o negocios.
Por su parte, la Coparmex nacional alertó que la extorsión se ha convertido en el delito que más afecta al sector empresarial, con impactos severos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), tanto en sus operaciones como en la generación de empleos.
Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la Coparmex San Luis Potosí, señaló que el fenómeno golpea con fuerza a las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales no denuncian por miedo o desconfianza en las autoridades. Esto genera una gran “cifra negra” que oculta la verdadera dimensión del problema.
“Los números que vemos oficialmente son apenas la punta del iceberg. Cuando las cifras salen públicas, representan entre el 3 y el 10 por ciento de lo que realmente ocurre. Hay muchas víctimas que no lo reportan porque no confían en que haya consecuencias para los delincuentes”, explicó.
El empresario también lamentó que, pese a la gravedad del delito, no haya avances legislativos significativos para endurecer las penas o crear un marco legal que proteja realmente a las víctimas.
“Es una responsabilidad que los legisladores deben asumir ya. Si no se castiga la extorsión con seriedad, estamos dejando en el abandono a quienes generan empleos e impulsan la economía del estado”, afirmó.
Sobre las zonas más afectadas, Ortuño Díaz Infante indicó que, por el tamaño del mercado y el movimiento económico, la capital potosina concentra la mayoría de los casos, pero otros municipios también han empezado a registrar situaciones similares.
“La extorsión está avanzando en todo el estado. No hay región que esté completamente a salvo. Y eso impacta directamente en la certeza jurídica, en la inversión y en la actividad económica que tanto necesitamos fortalecer”, subrayó.
Coparmex insistió en la urgencia de legislar y actuar contra este delito, cuya impunidad genera un entorno de inseguridad creciente que pone en riesgo el tejido empresarial, social y económico tanto en San Luis Potosí como en el resto del país.
En su informe nacional, la organización empresarial reiteró el llamado al Congreso de la Unión para que apruebe la Ley General de Extorsión, que permita crear una estrategia integral con bases legales claras y uniformes en todo el país.
