Por Victoriano Martínez
A 50 días de que se cumpla el plazo para que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona presente al Congreso del Estado un informe sobre la enajenación del terreno en el WTC2 que originalmente habría sido destinado para una armadora de automóviles de Ford, los diputados no logran ponerse de acuerdo sobre la creación de una comisión para verificar el destino de monto de la venta.
El precio de venta del terreno que habría sido para la Ford “no podrá ser menor a 2 mil 58 millones 907 mil 200 pesos” se estableció en el artículo 4º del decreto de autorización, en tanto que en el artículo 5º se fijó como plazo máximo para que la empresa Steel Dynamics Inc. lo pague 180 días naturales, que se cumplen el 19 de septiembre.
En dos ocasiones las comisiones dictaminadoras han aplazado la conformación de la comisión que dé seguimiento al destino de los recursos, por maniobras de aplazamiento encabezadas por el diputado José Luis Fernández Martínez, quien con esa actitud reivindica una vez más su papel de personero de los intereses del gobernador antes que de sus representados en el Legislativo.
“El decreto de la autorización de la venta de este terreno quedó perfecto, ahí se determina muy bien de qué forma tienen que ser destinados los recursos públicos y hay todo un entramado legal que tiene que cumplir el Ejecutivo”, señaló este lunes como justificación de su argumento en el sentido de que resulta dudosa la pertinencia de crear la comisión.
O Fernández Martínez no leyó el texto del decreto 0720, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de marzo pasado, o miente abiertamente sobre su contenido, porque en ninguno de los ocho artículos que lo componen, ni en los dos artículos transitorios, se menciona el destino que se le dará a los 2 mil 58 millones 907 mil 200 pesos que se fijaron como precio mínimo.
El decreto publicado no cuenta con una exposición de motivos en la que pudiera encontrarse el contenido que menciona Fernández Martínez.
Lo que es de llamar la atención es la urgencia con la que se oficializó la autorización para la venta del terreno, porque el mismo día que la aprobó el Congreso del Estado se hizo la publicación en el Periódico Oficial del Estado. Una prisa que contrasta con los peros que ahora se le ponen a la creación de la comisión responsable de verificar el destino de los recursos obtenidos por la venta.
Lo más que se llega a decir en el dictamen aprobado el 23 de marzo con relación al destino del producto de la venta es que el gobierno “contará con recursos económicos para llevar a cabo inversiones para infraestructura pública productiva, que sin duda ayudarán a la creación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana, como motores del crecimiento económico y el empleo” (página 148).
Los diputados Héctor Ramírez Konishi y Emma Idalia Saldaña Guerrero tienen razón al señalar que el decreto se aprobó sin atender la observación de que se requería definir el destino de los recursos antes de su validación.
En su momento, sólo fue a través de declaraciones a los medios de comunicación que se habló de que los recursos de esa venta serían para “obras de movilidad como la Red Metro, el segundo piso de la carretera 57 y obras de infraestructura urbana e hidráulica en las cuatro regiones de la entidad”.
La actitud encabezada por Fernández Martínez, al afirmar falsamente que el decreto de autorización de la venta del terreno estableció un suficiente nivel de fiscalización, se acerca más a la intención de dar al decreto un carácter prácticamente de cheque en blanco, que deja al Ejecutivo la disposición a discreción de 2 mil 58 millones 907 mil 200 pesos.
