María Ruiz
En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, conmemorado cada 4 de septiembre, el Consejo Nacional de Población (Conapo) dio a conocer los datos actualizados sobre la participación masculina en el uso de métodos anticonceptivos.
El documento, que compara los años 2014, 2018 y 2023 por entidad federativa, revela una aparente mejora en San Luis Potosí. Sin embargo, al mirar más allá de los porcentajes, surgen preguntas incómodas sobre la profundidad y sostenibilidad de ese avance.
En 2014, apenas el 9.8 por ciento de los hombres potosinos en edad fértil reportaban el uso activo de algún método anticonceptivo. La vasectomía era prácticamente inexistente, con solo el 0.7 por ciento de participación.
Para 2018, la cifra subió a 13.4 por ciento, y la vasectomía alcanzó el 1.2 por ciento. En 2023, el dato más reciente indica una participación masculina del 17.6 por ciento, con un 2.1 por ciento que optó por la vasectomía.
En San Luis Potosí, los métodos anticonceptivos más utilizados por hombres aún son los de barrera, especialmente el condón, que representa la opción más accesible y socialmente aceptada en contextos urbanos. Aunque su uso ha aumentado en la última década, aún predomina como método ocasional más que como parte de una estrategia sostenida de corresponsabilidad reproductiva.
La vasectomía, aunque en crecimiento, continúa siendo marginal y rodeada de mitos que limitan su aceptación, sobre todo en zonas rurales e indígenas. En menor medida, también se reporta el uso compartido de métodos hormonales o dispositivos intrauterinos, cuando hay diálogo y decisión conjunta con la pareja.
No obstante, la participación masculina en estos casos suele ser pasiva, centrada en el acompañamiento más que en la elección directa.
A primera vista, el crecimiento parece alentador, pues en menos de una década, la participación masculina se duplicó. Pero ¿qué significa realmente ese aumento? ¿Se traduce en corresponsabilidad reproductiva o simplemente en una mayor disponibilidad de condones en centros de salud urbanos?
El contraste entre zonas urbanas y rurales aún es abismal. En comunidades indígenas y rurales de San Luis Potosí, el acceso a información sobre métodos anticonceptivos para hombres es limitado, y la vasectomía continúa siendo un procedimiento estigmatizado, mal comprendido o directamente inaccesible. Las cifras estatales agregadas ocultan estas brechas territoriales y culturales.
Además, el crecimiento en participación masculina no ha ido acompañado de una transformación institucional profunda.
Según el estudio, la mayoría de los programas de salud sexual siguen centrados en mujeres, y los servicios dirigidos a hombres son escasos, mal difundidos o relegados a campañas esporádicas. La corresponsabilidad reproductiva, más que una política pública sostenida, parece aún una aspiración.
El informe también advierte que en San Luis Potosí la salud sexual no cuenta con una estrategia integral que incluya educación desde la adolescencia, formación de personal médico con enfoque de género, y acceso real a procedimientos como la vasectomía en todo el estado, el avance corre el riesgo de ser superficial.
Estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca enfrentan barreras estructurales más profundas: menor acceso a servicios de salud sexual, escasa infraestructura para procedimientos como la vasectomía, y una persistente carga cultural que asocia la anticoncepción exclusivamente con las mujeres.
En estas regiones, los esfuerzos institucionales han sido más fragmentados, y las campañas de corresponsabilidad reproductiva no han logrado penetrar con fuerza en las comunidades rurales e indígenas.
Frente a este panorama, San Luis Potosí se ubica en una posición intermedia: ha superado a los estados más rezagados, pero aún está lejos de alcanzar los niveles de participación observados en entidades como Ciudad de México, Nuevo León o Baja California, donde el enfoque de género en salud pública ha sido más consistente y sostenido.
San Luis Potosí ocupa actualmente el lugar 14 a nivel nacional en participación masculina en anticoncepción. Ha superado a estados históricamente rezagados, pero sigue por debajo del promedio nacional. El reto no es solo mejorar cifras, sino transformar narrativas, desmontar estigmas y garantizar que el derecho a decidir sea realmente compartido.
