Angélica Campillo
20 de 27 integrantes de la LXIII Legislatura votaron a favor de la minuta mediante la cual se extiende hasta el 2028 la permanencia del Ejército en las calles para colaborar en labores de seguridad pública.
Aunque se dijo en desacuerdo de la minuta, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Edmundo Torrescano Medina, votó a favor al reconocer que la Guardia Nacional no ha sido efectiva en dar cumplimiento a las principales funciones del Etado, como es la seguridad pública, la cual es responsabilidad de la Federación, los estados y los municipios.
Destacó que la reforma para la creación de la Guardia Nacional contenía el artículo 5to transitorio que establecía que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la misma, es decir, hasta el 25 de marzo de 2024, en tanto ésta desarrollara su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República podrá disponer de las Fuerzas Armadas permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria, sin embargo, “un año y medio antes de la fecha antes mencionada, tenemos otros datos”.
El legislador priista detalló que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se tiene registro de 136 mil asesinatos, y la cifra sigue en aumento; hay 3 mil 572 feminicidios hasta el mes de octubre de 2022; ocho de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México, y han sido asesinados 41 periodistas.
“Hoy, con más vergüenza, tenemos que reconocer el estado fallido en el que estamos. El considerar el Ejército en las calles no es un tema con el cual coincida, sino por el contrario, hago votos porque en el menor de los tiempos se hable de cómo derogar el artículo transitorio”, sostuvo Torrescano Medina.
Recordó que la reforma que se pone a consideración del constituyente permanente en el que participa el Congreso del Estado de San Luis Potosí, obedece a una iniciativa realizada por una priista que conoce y padece, como todas y todos los mexicanos, la falta de una seguridad pública real.
Esta iniciativa considera se amplíe la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública hasta el 2028, y se precisa que la participación deba ser extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además de que se considere un presupuesto para el mejoramiento de las policías estatales y municipales, a las cuales todavía el día de hoy se les adeuda.
Torrescano Median apuntó que los mecanismos que se ponen a consideración son para dar a una segunda oportunidad a la Cuarta Transformación, pues la seguridad pública, la salud, la educación y la democracia deben ser su principal objetivo y jamás ser utilizadas como un mecanismo de “publicidad corcholatera”, pues más que lamentable, es una vergüenza lucrar con la seguridad.
El legislador Héctor Mauricio Ramírez Konishi, afiliado a Movimiento Ciudadano, así como su compañera legisladora Emma Idalia Saldaña Guerrero, se pronunciaron en contra del dictamen, al señalar que en lugar de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles para apoyar en labores de seguridad pública, se deben fortalecer y otorgar más recursos a las policías municipales.
La diputada y el diputado panista, Liliana Guadalupe Flores Almazán y Rubén Guajardo Barrera, respectivamente, cuestionaron el porqué se fijó hasta el 2028 la fecha de la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, y por qué no antes ni después.
Los diputados Cuauhtli Fernando Badillo Moren, de Morena; José Luis Fernández Martínez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); René Oyarvide Ibarra, del Partido del Trabajo (PT); así como la diputada del extinto Redes Sociales Progresistas, Gabriela Martínez Lárraga, se posicionaron a favor del dictamen, al manifestar que las familias potosinas requieren del restablecimiento de la paz y el estado de derecho, ante el impacto que tiene el crimen organizado en el estado.
Las y los legisladores que votaron a favor del dictamen fueron: Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Edmundo Azael Torrescano Medina y Alejandro Leal Tovías del PRI; Antonio Lorca Valle, Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, de Morena; Cinthia Verónica Segovia Colunga, René Oyarvide Ibarra y Salvador Isaís Rodríguez del PT; José Luis Fernández Martínez, Dolores Eliza García Román, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Eloy Franklin Sarabia, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Martha Patricia Aradillas Aradillas y Edgar Alejandro Anaya Escobedo de PVEM; Gabriela Martínez Lárraga del extinto Redes Sociales Progresistas; Ma. Elena Ramírez Ramírez del Partido Conciencia Popular (PCP); María Claudia Tristán Alvarado del Partido Nueva Alianza (Panal); así como Bernarda Reyes Hernández, que obtuvo su curul por el Partido Acción Nacional (PAN), a través de la coalición, pero milita en el PRI.
Las y los siete legisladores que votaron en contra fueron: Emma Idalia Saldaña Guerrero de Movimiento Ciudadano, así como su compañero adherido a este instituto político, Héctor Mauricio Ramírez Konishi; Rubén Guajardo Barrera, Liliana Guadalupe Flores Almazán, Juan Francisco Aguilar Hernández, María Aranzazú Puente Bustindui y José Ramón Torres García del PAN.
