Fernanda Durán
Durante los primeros diez meses de 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 184 quejas contra corporaciones del sector seguridad en San Luis Potosí, de las cuales 80 fueron dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), lo que representa más del 43 por ciento del total.
De acuerdo con la información proporcionada por la CEDH, el segundo lugar en número de quejas corresponde a la Dirección General de Métodos de Investigación, con 27 casos; seguida por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, cuya Dirección de Seguridad Pública Municipal acumula 21 señalamientos; en cuarto lugar se encuentra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí, con 15 registros.
La presidenta del organismo, Giovanna Argüelles Moreno, confirmó que la mayoría de los expedientes están relacionados con presuntos abusos policiales y detenciones arbitrarias, tanto a nivel estatal como municipal.
“En general de abuso policial. (…) se han realizado algunas quejas también, sobre todo en temas de detenciones arbitrarias, y se siguen realizando las investigaciones próximamente para los pronunciamientos correspondientes en materia de municipios”.
Las cifras también muestran que otros municipios como Matehuala, Ciudad Fernández, Rioverde, Villa de Arista y Ciudad Valles, concentran entre dos y seis denuncias cada uno, mientras que una decena de ayuntamientos registran solo un expediente. Sin embargo, la mayoría de los casos permanecen en trámite o en fase de investigación.
En el acumulado estatal, las corporaciones municipales suman 77 quejas, lo que refleja que, aunque la mayor parte de los señalamientos se concentran en la estructura estatal de seguridad, las autoridades locales aún aparecen de forma constante en los reportes de posibles violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con la presidenta de la CEDH, cada expediente se analiza de manera individual para determinar si hubo violaciones a derechos fundamentales y, en su caso, emitir las recomendaciones correspondientes.
También precisó que los municipios con mayor recurrencia en denuncias suelen coincidir con las zonas donde se reportan más operativos policiales y detenciones sin orden judicial.
En los próximos meses, la Comisión prevé emitir los pronunciamientos derivados de las investigaciones en curso y actualizar el número total de casos en su informe anual, donde se detallará el tipo de violaciones y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a las autoridades estatales y municipales.
