Desiree Madrid
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, señaló que los incidentes registrados durante celebraciones de fin de año, como jaripeos, bailes y bodas donde se reportaron detonaciones de arma de fuego al aire, evidencian fallas en el control y autorización de este tipo de eventos por parte de los ayuntamientos.
El funcionario afirmó que el tema fue abordado recientemente en la mesa estatal de seguridad, donde se reconoció que muchas de estas actividades se realizan sin los avisos ni las condiciones mínimas de seguridad.
Juárez Hernández explicó que, como primer acuerdo, se determinó realizar un análisis de inteligencia para revisar qué ocurrió en cada evento donde se presentaron incidentes.
“Fue un tema que se tocó en la mesa de seguridad donde todos acordamos realizar varias acciones, una de ellas fue un análisis de inteligencia sobre qué fue lo que pasó en cada evento donde había incidentes”, indicó, al precisar que el informe será expuesto nuevamente ante las autoridades para valorar si se derivan otras acciones.
El secretario adelantó que, a partir de estos hechos, se hará un llamado oficial a los presidentes municipales para que asuman su responsabilidad en la autorización de este tipo de eventos.
Dijo que los ayuntamientos deben ser “muy cuidadosos en el otorgamiento de esos permisos” y verificar quiénes son los organizadores, así como definir si se trata de ferias patronales, eventos comunitarios o celebraciones particulares, antes de permitir su realización.
En ese sentido, Juárez Hernández subrayó que los municipios no deben autorizar eventos sin garantizar previamente las condiciones de seguridad.
“Si son eventos particulares, deben tener seguridad antes de otorgar este permiso”, afirmó, al agregar que también se debe asegurar el control en aspectos como el comercio y la venta de alcohol, factores que suelen estar presentes en los incidentes reportados.
El titular de seguridad estatal advirtió que este tipo de celebraciones representan un riesgo mayor por su duración y la cantidad de asistentes, pues en algunas comunidades se realizan jornadas extensas que pueden alcanzar hasta 12 horas continuas, al combinar jaripeos y bailes. Esto incrementa la concentración de personas y la probabilidad de situaciones de riesgo, especialmente cuando no hay supervisión adecuada.
Cuestionado sobre la presencia policial en estos eventos, Juárez Hernández reconoció que en muchos casos no la hay, precisamente porque no se notifica a las autoridades estatales.
Señaló que la dependencia intenta detectar este tipo de actividades mediante monitoreo en redes sociales, pero en ocasiones se trata de comunidades alejadas o eventos muy locales.
“En ocasiones no nos percatamos (…) entonces nosotros no tenemos presencia”, explicó, al remarcar que la seguridad suele recaer únicamente en las policías municipales.
Finalmente, el secretario sostuvo que uno de los puntos centrales del protocolo debe ser la identificación clara de los organizadores, ya que en caso de un incidente, “será quien deba de responder de primera instancia”.
Reiteró que, si los municipios no pueden garantizar supervisión, seguridad y control de riesgos a través de protección civil, lo procedente sería negar los permisos, dejando claro que la omisión de los ayuntamientos tiene un papel central en los problemas registrados durante estas celebraciones.
