Desiree Madrid
Durante una revisión relacionada con denuncias por salarios y condiciones laborales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que ha sancionado a alrededor de 350 empresas en distintas regiones del estado desde que inició la actual administración en septiembre del 2021, como resultado de inspecciones realizadas para verificar el cumplimiento de la legislación laboral.
El director de Inspección, Luis Cervantes Salgado, detalló que estas acciones derivan tanto de quejas presentadas por trabajadores como de operativos ordinarios de supervisión en centros de trabajo.
Al precisar el impacto regional de estas sanciones, el funcionario indicó que en la región Huasteca se han multado aproximadamente a 20 empresas, una cifra menor en comparación con el total estatal, pero que refleja la presencia de prácticas laborales irregulares.
Al ser cuestionado sobre los motivos más frecuentes, Cervantes Salgado señaló que “lo más común es la falta de seguridad social”, una situación detectada de manera reiterada durante las inspecciones.
El director de Inspección explicó que en muchos casos las empresas sí pagan un salario, pero incumplen con la obligación de registrar a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Les pagan los salarios, pero no tienen la seguridad social”, señaló, al tiempo que aclaró que algunos empleados ni siquiera están dados de alta, pese a desempeñar actividades de manera regular.
También se detectaron casos en los que los trabajadores sí son registrados, pero con un ingreso menor al real.
“Sí, más bajo del que perciben normalmente”, respondió Cervantes Salgado al ser cuestionado sobre esta práctica, la cual impacta directamente en las prestaciones laborales, el acceso a servicios médicos y las aportaciones futuras para pensiones.
Respecto a las sanciones económicas, el funcionario explicó que estas se determinan con base en el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.
“Las sanciones pueden ir de las 250 UMAS a las 5 mil UMAS”, indicó.
De acuerdo con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización, estas multas representan montos que van desde varias decenas de miles de pesos hasta cifras que superan el medio millón de pesos, dependiendo del caso.
Cervantes Salgado precisó que no se trata de un monto fijo, sino de un cálculo proporcional a la plantilla laboral y a la gravedad de la irregularidad detectada.
Sobre la posibilidad de que las empresas reincidan, el director de Inspección afirmó que, una vez sancionadas, generalmente corrigen la situación observada. No obstante, aclaró que la Secretaría del Trabajo no cuenta con facultades para clausurar centros de trabajo, al responder a los cuestionamientos planteados durante la comparecencia.
Finalmente, explicó que cuando las irregularidades persisten o se considera que existe un daño mayor a los derechos laborales, el procedimiento puede escalar a otras instancias.
“Sí tenemos la facultad de iniciar una carpeta con la Fiscalía General del Estado”, señaló, y a partir de ese momento “ya se hace penal” el proceso, lo que abre la posibilidad de responsabilidades legales para los empleadores involucrados.
