Abelardo Medellín
El congelamiento de las cuotas que pagan los alumnos desde 2020 y la insuficiencia de los recursos que entrega la Federación y el Gobierno del Estado, son algunos de los principales riesgos económicos que amenazan la viabilidad financiera de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), esto de acuerdo con lo que se describe en los documentos relativos al Presupuesto Universitario de los últimos tres años.
En mayo del 2019, el Senado de la República aprobó la reforma al artículo 3 constitucional, por la cual se garantizó el derecho a la educación pública y gratuita para todos los niveles, desde prescolar hasta superior; antes de ese año, el Presupuesto Universitario de la UASLP se limitaba a incluir tabuladores de ingresos, programas y gasto, sin embargo, después de la reforma, dicho documento comenzó a incluir diversos capítulos y apartados, entre ellos, uno dedicado a criterios de Política Económica, que describe y recuerda la obligación de gratuidad gradual, y otro nombrado “Riesgos Relevantes para las Finanzas de la UASLP” que establece cómo esa nueva condición constitucional impactaría las finanzas de la Universidad.
Durante los últimos cinco ejercicios, la Universidad ha recordado en sus proyectos presupuestales que, como parte de la reforma para la gratuidad de la educación superior, se estableció que el Gobierno Federal y Estatal debían crear un fondo para solventar los ingresos perdidos por no cobrar cuotas, fondo que, a más de seis años de distancia, no se ha concretado.
Para el Presupuesto 2020, la Universidad decidió continuar con el cobro de cuotas, colegiaturas y otros servicios a los alumnos, debido a que: “en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se incluyó el fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere el reformado artículo 3º Constitucional”.
En 2020, como respuesta a las condiciones adversas que trajo consigo la pandemia por Covid-19 y para promover esta condición de gratuidad progresiva, la UASLP decidió congelar las cuotas cobradas a los alumnos por concepto de inscripciones y reinscripciones, decisión que se ha mantenido hasta el presente ejercicio:
“Con la finalidad de impulsar la gratuidad la Universidad instrumentó una política general de no aumentar las cuotas de nuevo ingreso y reingreso que se cobra a los alumnos de licenciatura, por lo que se proyecta mantener las mismas cuotas de inscripción del ciclo escolar 2024-2025”, explica el Presupuesto correspondiente a este año.
El estancamiento de las cuotas y la carencia del fondo para la gratuidad, llevaron a que, para 2023, la Universidad Autónoma reconociera por primera vez que estaba en riesgo su viabilidad financiera, condición que desde ese año se ha mencionado de forma reiterada en sus últimos presupuestos.
De acuerdo con el proyecto presupuestal para el ejercicio 2025, los ingresos que la universidad dejará de percibir este año debido al congelamiento de las cuotas, ascienden a 83 millones de pesos, además, revela que, si se suman las cantidades que se dejaron de percibir desde 2020, en total se han dejado de cobrar 274 millones de pesos aproximadamente.
En 2023, la primera vez que se mencionó en el proyecto presupuestal que se habían dejado de recibir recursos por el congelamiento de cuotas, el documento reveló que entre los ejercicios del 2020 al 2023, se habían dejado de recibir 106 millones de pesos por dicha medida; para 2024, tal acumulado alcanzó los 194 millones. Esto quiere decir, que del 2023 al 2025, tal acumulado creció un 158 por ciento.
Otro de los riesgos relevantes que identifica la propia Universidad, es el referente a la disminución de los subsidios que otorga la Federación y el Estado en términos reales.
La UASLP advierte en el capítulo 5 de su Presupuesto: “Los gastos de materiales, servicios y pagos al personal aumentan en mayor proporción de lo que aumenta el subsidio, por lo que se pierde poder adquisitivo año con año”.
Según la universidad, si se compara el recurso real otorgado contra un aumento ajustado a la inflación, en términos proporcionales los aumentos que se han tenido, al menos desde 2022, han sido 8.7 por ciento menos en promedio a lo que deberían ser si contemplaran el ajuste inflacionario.
La última vez que el subsidio en términos reales fue superior al ajuste inflacionario, fue en 2016, cuando las aportaciones a la Universidad a través del convenio fueron 0.3 por ciento mayores al ajuste inflacionario.
El proyecto de presupuesto, explica que estos problemas presupuestales ponen en riesgo otras obligaciones como las laborales, pues en el apartado que estudia la situación del fondo de pensiones para trabajadores universitarios de menciona:
“Existe el riesgo de que, debido a la insuficiencia de ingresos que tiene la Universidad, en el futuro, no se pueda garantizar el seguir aportando las cuotas patronales establecidas en los instrumentos normativos, de conformidad con los estudios actuariales, ocasionando con ello la paulatina descapitalización del Fondo”.
De igual manera, tal condición complica el cumplimiento de los Planes de Desarrollo (PLADES) de las Entidades Académicas y dependencias y Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) sobre los cuales explica:
“La falta de recursos mencionados pone en riesgo el cumplimiento de las metas académicas de la Institución relativas a calidad y podría disminuir el número de alumnos atendidos; ocasiona también, la falta de reinversión en equipos provocando cierto grado de obsolescencia en los laboratorios”, problemática que se ha sido mencionada públicamente en diversas ocasiones por el rector Alejandro Zermeño Guerra.
Además de los problemas financieros aquí descrito, vale recordar que desde 2022, el primer año completo de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el gobierno estatal comenzó a entregar incompletas las ministraciones para la UASLP; en lo que va del 2025 y con corte al 30 de septiembre, el gobierno adeuda a la universidad un total de 229 millones 103 mil 497 pesos.
Tal adeudo representa el 40 por ciento de los recursos que el gobierno estatal deberá transferir para este año, que en total ascienden a un monto pactado de 506 millones 155 mil 546 pesos.
