Suspensión de amparo invalidaría desincorporación de 1,805 ha de San Juan de Guadalupe

Victoriano Martínez

Los acuerdos tomados por la asamblea de comuneros de San Juan de Guadalupe para desincorporar mil 805 hectáreas, carecen de legalidad y violan una suspensión de amparo decretada por el Juzgado Cuarto de Distrito, según el acuerdo publicado por esa instancia el pasado 9 de julio en su lista de acuerdos.

Este le fue notificado al comunero Noé de la Rosa Bravo a las 11:23 horas de este domingo, apenas unos minutos antes de que iniciara la asamblea comunal en la que acordaron aportar 11 mil 807 hectáreas al Área Natural Protegida (ANP), de las cuales 5 mil 400 serían declaradas como área de amortiguamiento, en tanto que mil 805 hectáreas estarían destinadas al proyecto Las Cañadas.

“Sí y sólo sí la parte quejosa reclama la desincorporación de 1805-48-42 hectáreas de la Comunidad San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, con fundamento en el numeral 126, 139 y 147 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente guardan”, señala el acuerdo.

Establece que se debe evitar que se prive total o parcialmente a San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, de la superficie señalada de tierras de uso común pertenecientes a dicha comunidad, con motivo de la desincorporación reclamada.

“Lo anterior siempre y cuando ello no haya acontecido y hasta en tanto se resuelva sobre el fondo del asunto”, condiciona el acuerdo tomado el 9 de julio y publicado en estrados, dos días antes de la realización de la asamblea en la que enajenación de mil 805 hectáreas.

El Juzgado Cuarto de Distrito da un plazo de 24 horas a partir de la notificación formal a las autoridades para informar sobre el cumplimiento de la suspensión de plano, y advierte de una sanción de cien UMA’s en caso de no hacerlo. De acreditarse la violación al amparo, tendría que iniciarse la sanción que en ese caso se amerite.

El amparo fue promovido por Noé de la Rosa Bravo el pasado 8 de julio en los siguientes términos:

La privación de los derechos agrarios del quejoso al avalar y ordenar la modificación del título comunal al promover la desincorporación de 1805-45-42 hectáreas de la comunidad. La acción y omisión que conlleve la modificación del título comunal respecto a la vocación, uso y destino de tierra que conlleva la desincorporación aludida, la violación al derecho humano al agua, medio ambiente sano.

Las autoridades comunales realizaron este domingo una asamblea en la que por 152 votos a favor, 15 en contra y 19 abstenciones, aportarán 11 mil 807 hectáreas al Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, de las cuales 5 mil 400 se declaran como área de amortiguamiento, en tanto que mil 805 hectáreas destinarlas al proyecto Las Cañadas.

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