Por Victoriano Martínez
Salvo porque en esta ocasión se contemplan estímulos para usuarios domésticos, escuelas públicas, personas adultas mayores, pequeños comerciantes y desarrolladores de vivienda de interés social, el inicio del debate sobre las tarifas de agua potable que aplicará Interapas en 2027 vuelve a repetir el cuento anual.
De un lado quienes proponen un incremento presuntamente justificado en cuestiones técnicas y de responsabilidad apegados al mecanismo legal de actualización de las cuotas. Del otro, quienes consideran insuficiente la justificación técnica y económica, porque además no se acompaña de garantías para mejorar el servicio de agua potable.
Un debate que cada año se repite con términos muy similares que aparentan ser irreconciliables, salvo porque en él aparece un actor que tiene la responsabilidad de ser quien toma la determinación final: el Congreso del Estado, con su responsabilidad de la aprobación final de la Ley de Cuotas y Tarifas.
Una circunstancia en la que la postura que tiene más cercanía e influencia sobre el Poder Legislativo es la que prevalecerá, con algunos casos en los que se han registrado determinaciones radicales como que en 2019 se repitieran las tarifas de agua potable de 2018 en todo el estado.
Un factor suele ser recurrente en la definición de las tarifas: la politiquería electoral. En los últimos meses se arrastran casos en los que el gobierno estatal con los diputados como comparsas se ha enfrascado en discrepancias artificiales con el ayuntamiento capitalino con evidente motivación electorera. Está cantada la postura que prevalecerá al definir las tarifas.
Una circunstancia que se repite año con año al grado de que durante la LXII Legislatura se presentó una iniciativa con la aparente intención de corregir esa desviación.
En lo que pareció una cínica confesión de que los diputados, antes que representar los intereses de la población, trabajan para su politiquería, el diputado Cándido Ochoa Rojas presentó el 25 de octubre de 2018 una iniciativa para “retirar a los diputados la potestad para decidir la última palabra” en la definición de las cuotas y tarifas por el servicio de agua.
“La intención, es despolitizar los criterios para establecer cada año las cuotas y tarifas de agua, que a veces tenían como rehenes a los organismos operadores, pues actualmente se dejan a un lado los aspectos técnicos y financieros, suficientes para la operación del organismo para calcular las tarifas, privilegiando la rentabilidad electoral”, justificó.
La alternativa planteada por Ochoa Rojas para definir las tarifas fue convertir los consejos consultivos de los organismos operadores de agua en “consejos consultivos y tarifarios” como responsables de establecer las cuotas y tarifas, al estilo del Consejo Estatal de Transporte que cada que aumenta la tarifa del camión la condiciona a mejoras en el servicio que nunca llegan.
El alcalde Enrique Galindo Ceballos presenta como ventaja que su propuesta de nuevas tarifas incluye estímulos para usuarios domésticos, escuelas públicas, personas adultas mayores, pequeños comerciantes y desarrolladores de vivienda de interés social, como si eso compensara las fallas en el servicio.
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), rechaza la propuesta porque no se acompaña de garantías para mejorar el servicio de agua potable, muy al estilo de la tarifa de los camiones.
Las piezas quedaron puestas para que, de aquí a diciembre, comience un espectáculo de dimes y diretes en torno a la tarifa que como telón de fondo privilegiará la rentabilidad electoral de las posturas antes que lo que más convenga para el interés de la población. El reino de la politiquería.
