Desiree Madrid
Durante la entrega de obra en el municipio de ciudad valles por parte de Gobierno del Estado, un grupo de taxistas de este municipio solicitó formalmente la apertura de canales de comunicación para discutir la implementación obligatoria del taxímetro.
Los operadores, que abordaron a las autoridades durante el evento público, enfatizaron que su intención no es generar un conflicto, sino alcanzar acuerdos que no afecten su patrimonio.
“Nosotros nada más sabemos… creemos que tenemos un poquito de razón y yo pienso que en esta ocasión la tenemos”, expresó uno de los voceros del gremio.
La principal demanda de los transportistas es la instalación de mesas de diálogo para aclarar las dudas técnicas y financieras que rodean al nuevo sistema de cobro. Los manifestantes señalaron que la comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha sido suficiente para resolver inquietudes operativas.
“Aparte, no sabemos el aparato cuánto va a costar, quién lo va a pagar, mantenimiento… si ya va a haber una oficina aquí”, cuestionaron, subrayando la incertidumbre que prevalece sobre la logística de instalación en la Huasteca.
Durante el intercambio, los conductores recordaron que han mantenido una relación institucional con la administración estatal a lo largo de los últimos años, por lo que esperan reciprocidad en el trato.
“Tenemos cinco años de gobierno… y siempre hemos trabajado de la mano. No creo que en esta ocasión vaya a ser algo [distinto] y queremos seguir trabajando con el que sigue”, manifestaron, apelando a la voluntad política para evitar que la medida se perciba como una imposición unilateral.
Uno de los puntos de mayor tensión es el temor a represalias administrativas o la pérdida de sus fuentes de empleo. Los taxistas denunciaron que se han utilizado advertencias sobre la vigencia de sus permisos para presionar la adopción del dispositivo.
“No se puede poner una cosa… o poner algo acerca de amenazas. Usted lo sabe como abogado, porque lo primero que dijeron era que nos iban a recoger la concesión”, señalaron ante la autoridad presente, defendiendo su derecho de antigüedad en el sector.
Ante estas acusaciones, los transportistas argumentaron que su situación legal está debidamente fundamentada y que el retiro de concesiones no debería ser la primera vía de acción.
“Usted lo sabe como abogado, que tenemos pagando algunos más de 50 años y que hay conductos legales para poderla seguir teniendo. Eso no puede ser así, debe de haber una mesa de diálogo”, puntualizaron, insistiendo en que la vía jurídica respalda su permanencia en el servicio.
Por otro lado, la SCT ha sostenido que el acuerdo publicado busca modernizar el transporte y terminar con el esquema de cobro tradicional, el cual ha generado disparidad de precios para los usuarios de Ciudad Valles.
No obstante, los choferes insisten en que se sienten “lesionados” por la falta de transparencia en los costos adicionales que implica la tecnología y otros pagos obligatorios como la tenencia.
Finalmente, el grupo de taxistas reiteró su respeto hacia la titular de la dependencia estatal, pero solicitaron que se tomen en cuenta sus necesidades antes de proceder con sanciones.
“Ella sabe que la hemos apoyado cuando se ha requerido… pero ahorita sí sentimos que estamos un poquito lesionados”, concluyeron, a la espera de que la autoridad estatal confirme una fecha para el inicio de las mesas de trabajo solicitadas.
El acuerdo se publicó el 2 de enero en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
