Fernanda Durán
Aunque el Ayuntamiento de Venado encabezado por José Reyes Martínez Rojas ya acumula sentencias firmes, multas y casi tres años de litigio por adeudos a exregidores y al exsíndico Simón Sánchez González —por un monto que ronda ya los cinco millones de pesos—, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) aclaró que el caso permanece en una fase enfocada en lograr el cumplimiento, aunque la legislación sí contempla consecuencias mayores, incluida la posible remoción de funcionarios si persiste el desacato.
La magistrada presidenta Denisse Porras Guerrero explicó que, si bien el Tribunal ha dejado claro que la falta de recursos no exime al Ayuntamiento de cumplir con resoluciones firmes, la ruta inmediata no es la destitución, sino el agotamiento de medidas legales orientadas a garantizar primero el pago efectivo, como multas, amonestaciones y mecanismos de mediación para alcanzar convenios.
Porras también contextualizó que este tipo de conflictos no son inéditos para el órgano jurisdiccional, sino parte de una problemática recurrente en distintos municipios:
“Este tipo de juicios por parte de síndicos, regidores que se inconforman ante la falta de pagos no es nada nuevo para el tribunal”.
En ese sentido, reiteró que ninguna insuficiencia presupuestal invalida la obligación constitucional de ejecutar sentencias.
“El que el ayuntamiento alegue la falta de recursos, de ninguna manera lo exime de su responsabilidad de cumplir con una sentencia. Es claro, las sentencias del tribunal están para cumplirse”.
La presidenta del TEESLP detalló que aunque el órgano jurisdiccional ya ha impuesto medidas de apremio, también busca facilitar soluciones viables que permitan restituir el derecho político-electoral vulnerado sin agravar innecesariamente la crisis financiera municipal.
Bajo esa lógica, el Tribunal ha operado como intermediario para explorar convenios o esquemas de pago, incluso mediante parcialidades, una vía que ha sido validada por instancias federales como la Sala Regional Monterrey y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Lo que se trata es que se cumpla la sentencia de ninguna manera nosotros vamos a permitir que una determinación del tribunal deje de cumplirse porque además justamente está tutelando un derecho político electoral”.
Aunque el Ayuntamiento ha acumulado ya múltiples resoluciones por incumplimiento, así como al menos tres multas que ya fueron cubiertas, el TEESLP considera que esos pagos reflejan cierta voluntad de cumplimiento, aunque insuficiente frente a la obligación principal pendiente.
“Han pagado unas tres multas eso también hay que decirlo, pues le da luz al tribunal respecto a que sí quieren hacerlo”.
Porras Guerrero detalló que las cantidades fijadas en sentencia —que rondan los 700 mil pesos por cada persona afectada, entre regidores y síndico— permanecen fijas desde su imposición, mientras que lo que sí continúa creciendo son las multas derivadas de reincidencias por incumplimiento.
Con ello, el adeudo global del municipio, entre obligaciones principales y sanciones, podría ya superar los cinco millones de pesos, aunque el Tribunal considera que aún se encuentra en una etapa donde el cumplimiento pactado sigue siendo viable.
No obstante, también confirmó que el marco legal permite una escalada institucional si el desacato persiste.
“Sí también una de las consecuencias a las que puede llegar estas sentencias puede ser llegar a dar vista al Congreso del Estado para que proceda la remoción de los funcionarios. Sí puede ir hasta allá”.
Por ahora, el Tribunal mantiene abierta la vía de convenios o pagos en parcialidades, pero dejó claro que los plazos en materia electoral no se suspenden y mientras no exista cumplimiento efectivo, las sanciones seguirán creciendo: “las multas se siguen actualizando y las sentencias se siguen cumpliendo”.
