Fernanda Durán
El Tribunal Electoral del Estado dio a conocer que, hasta el momento, no ha recibido impugnaciones derivadas de la jornada electoral del domingo 1 de junio.
De acuerdo con la magistrada presidenta, Denisse Porras Guerrero, informó que, al corte de las 11:57 horas, no se habían detectado irregularidades en la votación ni en el desarrollo del proceso.
No obstante, advirtió que es probable que en los próximos días comiencen a llegar medios de impugnación, especialmente conforme avancen los cómputos oficiales y se conozcan los resultados.
La presidenta del Tribunal consideró que, debido al perfil jurídico de los contendientes, es decir, en su mayoría abogados, es seguro que busquen impugnar en caso de resultados desfavorables.
Por ahora, el único procedimiento en curso es una denuncia entre dos aspirantes a jueces laborales por actos anticipados de campaña.
La magistrada explicó que se trata de un procedimiento especial sancionador que, por su carácter sumario, deberá resolverse en breve. Las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la anulación del triunfo si se acredita una falta grave.
Los plazos para presentar juicios de nulidad o de protección de derechos político-electorales son de cuatro días hábiles a partir de la notificación del acto impugnado o desde que el promovente tenga conocimiento del mismo.
El Tribunal busca resolver estos asuntos con agilidad, para no interferir con el cierre de cómputos previsto para el 15 de junio.
Por su parte, el consejero electoral Carlos Cuéllar Arochi informó que, durante el proceso, el Ceepac integró 14 procedimientos sancionadores especiales, todos previos a la jornada electoral.
Las principales denuncias fueron por actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos, pintas de bardas y violencia política contra mujeres. En cuatro casos se dictaron medidas cautelares y uno fue turnado al Tribunal Electoral; el resto continúa en trámite.
Aunque la jornada transcurrió sin incidentes graves, las autoridades electorales se mantienen a la expectativa de un posible aumento en las impugnaciones durante las próximas etapas del proceso.