Antonio González Vázquez
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) resolvió desechar y reencauzar a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, promovido por Martha Orta Rodríguez contra la convocatoria para la sesión del Consejo Político Estatal celebrada el pasado 26 de agosto.
La regidora priista había promovido la anulación de la convocatoria por medio de una impugnación registrada en el expediente TESLP/JDC/29/2023, en el que señaló como autoridad responsable al Comité Directivo Estatal presidido por Sara Rocha Medina.
Recurrió al Tribunal “al considerar que la emisión de la convocatoria ni fue oportuna de conformidad con la normatividad intrapartidaria, lo que a su criterio vulnera su derecho a participar activamente en la toma de decisiones del órgano colegiado de dirección de su instituto político, además de que conculca su derecho de votar y ser votada para ocupar cargos dentro de la estructura orgánica del partido”.
El día 30 de agosto, la priista presentó su impugnación.
Al respecto, el Tribunal resolvió que “este órgano jurisdiccional determina que resulta improcedente el estudio de fondo de la presente causa al no agotarse el principio de definitividad, en consecuencia, procede su reencauzamiento a la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del PRI”.
“El juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía solo será procedente cuando se hayan agotado todas las instancias previas entre ellas las interpartidarias, de conformidad con la normativa aplicable”, precisa.
Para el caso concreto presentado por Martha Orta, “la demanda presentada resulta improcedente, pues contravierte actos del partido político en el cual milita, los cuales no han sido dirimidos de conformidad con los mecanismos de justicia intrapartidarios”.
De ahí que “al incumplir con el principio de definitividad, la demanda resulta improcedente”, y procede su reencauzamiento a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, misma que deberá informar al Tribunal de la determinación que tome respecto de la demanda en un plazo de tres días hábiles a partir del 12 del mes en curso.
La regidora capitalina se proponía anular la convocatoria para la asamblea en la que rindieron protesta las y los nuevos integrantes del Consejo Político Estatal, y en la que fue electo como secretario técnico Humberto Rojo Zavaleta.
Esa elección provocó la molestia del alcalde y consejero político, Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien había acordado con Sara Rocha que ese cargo sería para Martín Reyna.
Ahora, tras la resolución del tribunal, Martha Orta deberá esperar a que al interior del PRI resuelvan su inconformidad.
