Abelardo Medellín
“Los diputados quieren encausar el tema para poder desechar el juicio político bajo la consideración de que es un daño particular y no es así, el daño se hizo a la institución”, dijo en entrevista la licenciada Adriana Monter Guerrero, quien habló con Astrolabio sobre la solicitud de recusación presentada por un grupo de denunciantes del poder judicial de San Luis Potosí para que seis diputados de la legislatura local se recusen de participar y votar en el caso de juicio político emprendido contra el magistrado Juan Paulo Almazán Cué.
Según Monter Guerrero el grupo de denunciantes del Juicio Político teme que los diputados del Congreso local desechen el juicio político contra el magistrado Almazán Cué o por lo menos “que lo hagan aquellos de los que pedimos la recusación, por eso la solicitamos”.
De acuerdo con Adriana Monter, las evidencias que expuso en la solicitud de recusación son suficientes para comprobar que las diputadas y diputados Sonia Mendoza Díaz, Paola Alejandra Arreola Nieto, Eugenio Govea Arcos, Héctor Mauricio Ramírez Konishi y Martín Juárez Córdova, mantienen una relación de convivencia y “amiguismo” con el magistrado la cual les impide ser imparciales en el caso de juicio político.
Sobre el caso específico de Martín Juárez Córdova, ex presidente de la mesa Directiva del Congreso del Estado, Monter Guerrero dijo que su actuar obstruyó la posibilidad de los denunciantes de acceder a un juicio imparcial: “al querer presentar un escrito al Congreso del Estado, se nos negó el recibimiento de este escrito […] nos condicionaron para que el escrito lo presentáramos al diputado Martín Juárez en su calidad de presidente […] esto cuando los escrito que presentamos iban dirigido a cada un de los 27 diputados, a la Comisión de Gobernación, a la Comisión de Justicia y uno a los integrantes de la bancada Morenista y a todos nos negaron la recepción para hacer un solo documento”.
Monter Guerrero señaló que de acuerdo con lo que les han informado hasta ahora, ese documento que se vieron obligados a entregar solo a Martín Juárez Córdova, no ha sido entregado al resto de los diputados.
La representante de los denunciantes comentó que también se ha pedido la recusación de la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, esto en vista de que la legisladora, habría “acusado de que yo utilicé el discurso de la violencia de género para quedarme con un puesto que no me correspondí, a mí me parece que usar esas expresiones sin no haberme escuchado o darme la oportunidad de ser oída, vaya, ni siquiera nos conocemos, y denota la imparcialidad que existe”.
Adriana Monter comentó que esperan y haya “responsabilidad e imparcialidad” en el actuar de los diputados que estén relacionados con el juicio político de Almazán Cué.
La licenciada y denunciante aseguró que quien resentirá el daño provocado por Almazán Cué en su trabajo como magistrado, sería la sociedad: “el simple hecho de tener a un magistrado que no cumple con los requisitos para quedarse en su puesto, pues es preocupante”.
Sobre la próxima ratificación de magistrados que también decidirá el Congreso del Estado, y en donde se ha incluido el perfil del magistrado Juan Paulo Almazán Cué como interesado en ratificarse, la licenciada Monter Guerrero dijo que: “los diputados deben analizar el caso de juicio político como el daño a la sociedad que es […] es el trabajo del magistrado el que está afectando el buen despacho de la institución, que está afectando las arcas del poder judicial, que está afectando ene la sociedad y esto porque ejerce su cargo de manera incorrecta”.
