Por Victoriano Martínez
Si bien los exgobernadores potosinos no cuentan con pensión como los ex presidentes de la república, en cuestión de seguridad en el caso del ex mandatario Fernando Toranzo Fernández tiene aún asignados tres elementos de seguridad y tres vehículos “para la protección y vigilancia de ex gobernadores del Estado o de miembros de la familia”.
De acuerdo a la respuesta que dio la Secretaría de Seguridad Pública a la solicitud de información con el número de folio 00295817 el pasado 22 de mayo, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, Toranzo Fernández tiene asignado un elemento de seguridad, en tanto que María Luisa Ramos Segura cuenta con dos elementos de seguridad.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado reportó lo que el ex mandatario tiene asignados, cuyo mantenimiento le costó al estado durante 2016, 37 mil 470.57 pesos.
La protección y los vehículos fueron asignados de acuerdo con el artículo 35 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que autoriza esta prestación para el Gobernador, el Secretario General de Gobierno; el Procurador General de Justicia; el Secretario de Seguridad Pública; el Director General de Seguridad Pública; el Director General de Prevención y Reinserción Social; y el Director General de la Policía Investigadora del Estado, durante su gestión.
Hasta el pasado 25 de febrero, ese artículo permitía que los ex funcionarios pudieran contar con protección por un año después de dejar el cargo “y hasta un año siguiente a la conclusión del mismo; término que será prorrogable a juicio de la autoridad competente, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso”.
El ex gobernador Toranzo Fernández y la ex presidenta del DIF estatal, al contar con la protección, que obtuvieron con la prórroga contemplada en la ley, lo que significa que ambos ex funcionarios se encuentran en “circunstancias particulares” que ameritan vigilancia especial.
El pasado 9 de febrero, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa del gobernador Juan Manuel Carreras, mediante la que se modifica el artículo 35 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para eliminar la prórroga que llevaba a dos años la protección oficial de los ex funcionarios. Ahora sólo por excepción, quien deja el cargo sólo podrá contar con vigilancia por un año.
Sobre los vehículos asignados al ex gobernador, la Procuraduría aclara en su respuesta que “dichos vehículos no tienen asignado presupuesto para suministro de combustible, y el Doctor Fernando Toranzo Fernández puede instruir que esas unidades sean utilizadas en su núcleo familiar”.
La determinación de otorgar protección a los ex funcionarios surgió a propuesta de Toranzo Fernández como gobernador un año antes de que dejara el cargo, por lo que él ha sido el único ex mandatario que gozará de esa protección por dos años… a menos que en 2020 vuelva a ser reformado el artículo 35 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
