Jonathan Noyola
Servidor público de la Procuraduría Agraria Nacional
En todas las oficinas públicas del sector agrario, en las casas ejidales, en los locales de las organizaciones campesinas, nos encontramos con cuadros e imágenes de Emiliano Zapata. Está ahí, con su mirada firme y su bigote característico, colgado en la pared junto a los formatos, los expedientes y los sellos institucionales. Su presencia es tan cotidiana que a veces corremos el riesgo de verlo sin mirarlo: de pasar frente a él como se pasa frente a un mueble conocido, sin detenernos a preguntarnos qué nos está diciendo todavía.
Pero Zapata no vive en los cuadros. Vive en el territorio.
Vive donde una asamblea ejidal se reúne bajo la sombra de una ceiba para defender sus linderos. Vive donde una comunidad indígena se organiza para que su tierra no sea devorada por un proyecto que llegó con promesas y se fue con hectáreas. Vive donde una mujer campesina exige que su nombre aparezca en el certificado parcelario que su familia ha trabajado por generaciones. Ahí, en esos momentos concretos de organización y resistencia, es donde el espíritu zapatista sigue siendo presente, urgente y necesario.
La vigencia de un ideal que no ha terminado su tarea
El pensamiento de Zapata se resume en una convicción que el tiempo no ha podido desmentir: sin tierra no hay libertad, y sin libertad no hay dignidad que valga. Esa premisa, forjada en los campos de Morelos a principios del siglo XX, sigue siendo una brújula política y moral para quienes trabajamos en el sector agrario más de cien años después.
¿Por qué sigue vigente?
Porque la promesa del reparto agrario nunca se completó del todo.
Porque en 1992 se cerró la puerta al nuevo reparto y se dejó a los ejidos y comunidades expuestos a presiones que no habían enfrentado con esa intensidad desde el porfiriato.
Porque el acaparamiento de tierra no desapareció con la Revolución: mutó, se sofisticó, encontró nuevas formas jurídicas y nuevos actores.
Hoy, la disputa por la tierra ya no llega a caballo ni con fusil; llega en contratos, en asambleas divididas, en proyectos que prometen desarrollo pero fragmentan comunidad. Llega en decisiones que, bajo apariencia técnica, redefinen el destino de territorios enteros.
El ideal zapatista es vigente porque la injusticia que lo motivó no ha sido resuelta del todo. Y esa incomodidad, lejos de ser paralizante, debe ser el motor de quienes tenemos la responsabilidad de atenderla desde las instituciones.
Lo que la Cuarta Transformación ha puesto sobre la mesa
La llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal abrió una ventana de oportunidad que el sector agrario no ha desaprovechado. Por primera vez en décadas, el Estado mexicano ha retomado una postura activa en la defensa de los derechos de ejidatarios, comuneros y pueblos originarios, no como política de contención, sino como mandato de justicia.
En ese marco, la Procuraduría Agraria ha intensificado su presencia en territorio, no solo como ventanilla, sino como acompañamiento directo en asambleas, mediación en campo y defensa activa de sujetos agrarios que históricamente han enfrentado solos los conflictos. La asesoría jurídica gratuita, la conciliación de controversias y el trabajo cercano con comunidades indígenas han dejado de ser funciones administrativas para convertirse en herramientas concretas de transformación.
Los Planes de Justicia para pueblos originarios — el Yoreme-Mayo, el Afromexicano, el Chichimeca Otomí, el Wixárika— han significado un compromiso tangible del Estado con comunidades históricamente postergadas, reconociendo derechos que el aparato institucional tardó demasiado en ver.
También conviene ser honestos sobre algo que Zapata nunca habría aceptado sin cuestionarlo: la justicia agraria no vive en los tribunales.
Los Tribunales Agrarios nacieron de la reforma de 1992 que cerró el reparto y abrió la puerta a la privatización del ejido. Fueron diseñados para administrar conflictos en un esquema que, desde su origen, trató a la tierra como mercancía antes que como derecho. Treinta años después, su promesa de justicia sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la deuda agraria: los procesos son lentos, las resoluciones a veces distantes de la realidad comunitaria y el acceso efectivo sigue siendo desigual.
La justicia agraria verdadera —la que Zapata habría reconocido— se construye en otro lugar.
En la conciliación entre comunidades que deciden resolver sus diferencias sin intermediarios en toga.
En la asamblea que toma acuerdos y los cumple.
En el diálogo que no se impone, sino que se construye.
Ese es el camino que la Procuraduría Agraria reivindica: no el litigio como destino inevitable, sino la paz agraria construida desde adentro, con acompañamiento institucional que respeta la autonomía de los pueblos.
Los retos que siguen marcando el territorio
Los desafíos son proporcionales a la tarea.
La irregularidad en la tenencia de la tierra sigue siendo un problema extendido.
Los conflictos por límites y por recursos naturales no cesan.
La presión sobre los territorios ejidales y comunales —proveniente de intereses económicos, del crimen organizado o de la propia fragmentación interna— exige respuestas más ágiles, más cercanas y más comprometidas con quienes menos poder tienen en esa disputa.
A ello se suma un reto silencioso pero decisivo: el relevo generacional. Lograr que las y los jóvenes vean en la tierra no abandono, sino horizonte.
La tierra como camino: un llamado desde el servicio público
Zapata murió convencido de que la tierra era el principio de todo: del sustento, de la identidad, de la libertad. No era romanticismo campesino; era una lectura lúcida de la realidad. Y sigue siéndolo.
Hoy, el bienestar en el campo mexicano pasa por resolver una ecuación clara: tierra con certeza, organización comunitaria con autonomía real y un acompañamiento institucional que no sustituya, sino potencie lo que las propias comunidades ya construyen.
Quienes trabajamos en el sector agrario tenemos una responsabilidad que va más allá del expediente y el sello. Somos custodios de una promesa que este país hizo y que aún debe honrar.
Cada conflicto que se concilia.
Cada derecho que se defiende.
Cada comunidad que se fortalece.
Ese es el verdadero trabajo.
El cuadro de Zapata seguirá colgado en las paredes. Pero el homenaje real ocurre en otro lado: en el ejido que defiende su bosque, en el pueblo que protege su agua, en la mujer que por fin ve su nombre en el documento que reconoce lo que siempre ha sido suyo, en la comunidad que decide no ceder.
Tierra y libertad. No como recuerdo. Como tarea.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
