Por Victoriano Martínez

Mientras el gobernador Juan Manuel Carreras López mantiene el freno sobre el Sistema Estatal Anticorrupción con su timing de la impunidad y el Congreso del Estado hace como que avanza en resolver pendientes con el proceso de selección para cubrir dos vacantes de la Comisión de Selección, el caso ya toca las puertas del más alto tribunal del país: la Suprema Corte de Justicia.

Al margen de las disputas internas sobre la organización y forma correcta en que deben estar integrados los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción –Comité de Participación Ciudadana y Comité Coordinador, principalmente–, la ley es la ley y si una autoridad no la cumple es un indicador de que –por mucho timing– se afectan derechos de la ciudadanía.

Ni Carreras López incluyó en su iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos para 2019 una partida para el Sistema Estatal Anticorrupción, ni los diputados fueron capaces de atender la petición de integrantes del Comité de Participación Ciudadana para cumplir con la obligación que les marca la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

En la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito sobresale la consideración de descartar la causal de sobreseimiento porque otorgar el amparo no sólo favorecería a los quejosos, sino que tendría repercusiones generales, como una forma de reconocer los alcances de la reforma constitucional de 2011.

Se trata de argumentos que exhiben la forma en que el Ejecutivo y el Legislativo locales, en sus informes justificados al juez federal, optan por interpretaciones restrictivas de la legislación antes que reconocer los avances que en materia de derechos humanos representaron las reformas a la Constitución General de la República del 10 de junio de 2011.

Justificar como lo hicieron y tratar de evadir sus responsabilidades para que el Sistema Estatal Anticorrupción pueda operar no es más que la confirmación de que desde el 26 de septiembre de 2015 la lucha contra la corrupción es sólo una bandera que Carreras López enarbola hipócritamente, porque a casi cuatro años todos sus actos lo desmienten.

Hoy ya la solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga la resolución judicial a una de sus tantas acciones para obstaculizar el Sistema Estatal Anticorrupción está en camino. Una obstaculización que pasa por una violación legal que, con la resolución de la Corte, los responsables tendrían que ser sometidos a juicio político.

La petición pone a Carreras López y al Congreso del Estado en la antesala de quedar señalados judicialmente como las autoridades omisas que dieron pie a un criterio de la Corte que, prevén los magistrados, “repercutirá de manera excepcionalmente importante en la solución de casos futuros”.

Cuatro años del timing de la impunidad con un Poder Legislativo alineado comienzan a mostrar la verdadera intención de Carreras López al enarbolar la bandera anticorrupción desde su primer discurso como gobernador: tratar de engañar a los potosinos para dejar el campo libre a la impunidad.