María Ruiz
El colectivo Todes Trans denunció el cobro de mil 488 pesos que el Gobierno del Estado exige para modificar el acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida, pese a que, según explicaron, el reconocimiento legal de la identidad de género no es un privilegio, es un derecho.
Al respecto de este cobro el colectivo opinó que: “cuando se condiciona al pago, el Estado deja de garantizar derechos y comienza a administrar exclusiones”.
El trámite, disponible desde 2019, permite a personas trans y no binarias solicitar la rectificación de sus datos personales en el Registro Civil. Sin embargo, Todes Trans advierte que el costo impuesto convierte un derecho humano en un privilegio condicionado.
“Este trámite no es un lujo ni un favor: es un derecho humano que debe ser accesible para todas las personas trans y no binarias. Cobrar por ejercerlo genera barreras económicas y profundiza desigualdades históricas”, señalaron.
Según el colectivo, en diciembre de 2025 el Congreso del Estado adicionó la fracción VII al artículo 38 de la Ley de Hacienda en el que adiciona explícitamente el cobro por trámites relacionados con la modificación de datos personales en actas del Registro Civil, incluyendo el reconocimiento de identidad de género.
De acuerdo con el colectivo, esto se hizo sin previo aviso y la reforma establece un costo de 10.52 UMAS para estos trámites, mismo que se traduce en un cobro por mil 488 pesos, esto de acuerdo con lo anunciado en portales oficiales del gobierno estatal.
Esta reforma se suma a otras disposiciones administrativas que establecen tarifas por resoluciones de rectificación o enmienda en actas del Registro Civil, como lo indica el tabulador oficial, donde se especifican montos por certificaciones, anotaciones marginales y envío de actas fuera del estado.
Para Todes Trans, el cobro representa una barrera real para ejercer el derecho a la identidad, especialmente en un contexto de exclusión laboral, precarización y violencia institucional.
“La verdad es que en la actualidad para muchas personas trans y no binarias, que ya de por sí enfrentan exclusión, esto representa una barrera real”, afirmaron.
Además, señalan que esta medida contradice los estándares constitucionales y de derechos humanos.
“Los procedimientos para el reconocimiento de la identidad deben ser accesibles, expeditos y no discriminatorios. Condicionar el trámite a un pago elevado contradice esos principios”, denunciaron.
El colectivo considera que las personas afectadas pueden presentar un juicio de amparo contra el cobro, y exigir que el Estado cumpla con los estándares internacionales, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La recomendación establece la implementación de mecanismos de gratuidad, sin excepción, garantizando que el reconocimiento de la identidad de género sea accesible para todas las personas”, subrayaron.
Aunque reconocen que el procedimiento ha sido ágil en términos de tiempo, el problema central es el costo.
“Aunque se resuelve rápido, se enfrenta una barrera en donde el Estado deja de garantizar este derecho y comienza a administrar exclusiones”, reiteraron.
Todes Trans informó que ya se están organizando para movilizarse, difundir la problemática y exigir cambios legislativos.
“Ya nos estamos organizando para movilizarnos. Esto no puede seguir así. El reconocimiento legal no debe depender del bolsillo de nadie”, concluyeron.
