Fernanda Durán
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, presentó un balance de resultados centrado en programas de cobertura y apoyos sociales.
El funcionario informó que durante el ciclo 2024–2025 se atendió a 864 mil 175 estudiantes desde educación inicial hasta superior. Atribuyó la reducción del abandono escolar —de 2.7 por ciento a 2.4 por ciento en secundaria y de 10.8 a 10 por ciento en media superior— a la entrega gratuita de uniformes, útiles y guías de trabajo.
También destacó el Seguro al Estudiante, con más de 500 mil beneficiarios y coberturas por accidentes de hasta 25 mil pesos, además de la distribución de 3.7 millones de libros de texto gratuitos, incluidos ejemplares en braille y lenguas indígenas.
Aunque subrayó que los programas “fortalecen la equidad educativa”, no detalló indicadores de aprovechamiento ni criterios de evaluación.
En materia de seguridad escolar, Torres Cedillo informó que 11 trabajadores fueron cesados en el último año por abuso de autoridad, discriminación o violencia sexual, y que existen 33 procesos en curso.
Aseguró que las escuelas cuentan con un compendio normativo y protocolos de actuación, pero persiste la desconfianza de los docentes para intervenir en casos de acoso por miedo a ser acusados.
“Necesitamos una ley que dé equilibrio, porque los maestros ya no quieren llamar la atención a un alumno por temor a ser denunciados”, dijo al defender la iniciativa que impulsa junto con la diputada Martha Patricia Aradillas para proteger a docentes acusados sin fundamento.
Los diputados José Roberto García Castillo y Crisógono Pérez López cuestionaron al secretario sobre el presupuesto y la certeza laboral en el sector indígena, así como sobre el cumplimiento de prestaciones docentes. Torres Cedillo respondió que, tras la emisión del decreto de febrero de 2024 que formalizó la Dirección de Educación Indígena, el área cuenta con 1 mil 100 escuelas reconocidas.
Sin embargo, admitió que la inversión ha sido limitada: apenas 19.9 millones de pesos destinados a operación y 14.7 millones a infraestructura durante el último ejercicio, por lo que el funcionario pidió al Congreso autorizar 200 millones de pesos para 2026, ya que más de mil 100 escuelas indígenas carecen de servicios básicos o inmuebles adecuados.
Mientras que el reconocimiento extraordinario de 720 pesos se cubrió sólo en 2021, quedando los años posteriores sujetos a disponibilidad presupuestal.
“Tenemos cerca de 500 planteles donde los alumnos siguen tomando clase bajo árboles o en patios. Es un tema de dignidad y justicia educativa”.
Ante el cuestionamiento del diputado Carlos Arreola Mallol, el funcionario explicó que el campus de la Universidad Rosario Castellanos se instaló finalmente en Soledad de Graciano Sánchez dentro del predio de la Universidad Tecnológica, después de que se descartara una sede en la capital por oposición de padres de familia a desplazar dos instituciones de educación básica.
Detalló que el Gobierno Federal transfirió 161 millones de pesos para el nuevo edificio y que la operación será totalmente federal, aunque el Estado aporta recursos para servicios básicos. La primera generación inició con 800 estudiantes en diez licenciaturas, incluidas robótica e inteligencia artificial.
A la diputada Roxana Hernández Ramírez, que pidió claridad sobre el gasto en infraestructura, Torres respondió que este año se destinaron poco menos de 260 millones de pesos para 97 escuelas, beneficiando a 63 mil estudiantes. Aunque la cifra supera a administraciones anteriores, evitó detallar qué obras se ejecutaron ni los criterios de selección.
En cobertura docente, aseguró que el 98 por ciento de los grupos están atendidos, y que se han asignado 4 mil 167 plazas a través del proceso de USICAMM, mientras el resto de vacantes se cubren temporalmente con personal auxiliar o directivos.
La diputada Jessica Gabriela López Torres cuestionó la eficacia de los protocolos contra la violencia y la desigualdad de género, pues la propia Secretaría desechó una iniciativa legislativa para crear unidades especializadas en cada plantel bajo el argumento de que ya existían.
El titular de la dependencia insistió en que las escuelas cuentan con comités de igualdad y protocolos de denuncia, y que el área está a cargo de Adriana Cedillo, aunque la mayoría de los casos son atendidos por personal docente “sin especialización en el tema” y las estadísticas de violencia “son mínimas en relación con las 8 mil escuelas del estado”.
Durante la ronda de preguntas, la SEGE explicó que el sistema estatal trabaja para adecuarse al nuevo modelo federal de dos subsistemas de bachillerato (general y tecnológico), y que se busca homologar las preparatorias por cooperación y telebachilleratos para otorgar certeza laboral a sus docentes.
A la diputada Martha Patricia Aradillas, quien solicitó nuevas escuelas en Villa de Pozos, el secretario confirmó la apertura de turnos vespertinos y la planeación de la Secundaria Técnica Número 91, pero la creación de nuevos planteles depende de la validación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que exige proyecciones de matrícula a diez años.
Sobre las 63 escuelas dañadas por las lluvias en la Huasteca, el secretario indicó que la mayoría reanudó clases en pocos días gracias a labores comunitarias, apoyo del Ejército Mexicano y uso del seguro institucional.
En el cierre, la presidenta de la Comisión de Educación, Jacqueline Jáuregui Mendoza, reconoció la entrega de materiales normativos a las escuelas, pero cuestionó la eficacia de las asociaciones de padres de familia en la administración de cuotas y conflictos internos. El secretario respondió que la SEGE mantiene un reglamento y capacitación para las asociaciones, aunque “falta fortalecer la corresponsabilidad y la rendición de cuentas”.
