Marcela Del Muro
A finales de abril, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) lanzó la convocatoria para integrar los equipos de los recién creados 22 centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres), una iniciativa federal que forma parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) enfocado en brindar atención integral a mujeres, con énfasis en la prevención y atención de la violencia de género, donde además se “promoverán los derechos humanos e impulsará la autonomía económica”, señala la convocatoria.
En los primeros días de mayo, más de 100 profesionistas, psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, empezaron a laborar en dichos centros, que están distribuidos por todo el estado.
Paradójicamente, en este corto tiempo, la Semujeres, que supuestamente vela por los derechos humanos de las potosinas, ha vulnerado la autonomía económica y los derechos laborales de su propia plantilla de trabajadoras, quienes pasaron dos meses sin recibir su sueldo, no cuentan con viáticos o insumos para desempeñar sus labores, pero se les exige resultados sin siquiera contar con una capacitación eficiente para realizarlo. Las amenazas y el acoso laboral de las autoridades han sido constantes, silenciando lo que las trabajadoras viven en su espacio laboral.
Un retraso federal con las prácticas intimidatorias del gobierno estatal
El gobierno federal asignó 754 millones 538 mil 872 pesos para la creación de 678 centros LIBRE en todo el país. El retraso de los primeros meses de sueldo no fue exclusivo de San Luis Potosí, trabajadores de otros estados como Veracruz, Quintana Roo y Chiapas, vivieron lo mismo debido a que los recursos no llegaron a tiempo.
Hasta ahora, no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado cuánto recibió de la federación y cuánto aportó para el programa. No obstante, las trabajadoras de los centros LIBRE fueron contratadas por Gobierno del Estado, quien debería de asumir la responsabilidad del pago ante el retraso federal.
El manejo de la crisis desde el Semujeres fue deficiente y violento. Muchas de las trabajadoras son el único sostén familiar, y desde finales de mayo comenzaron a preguntar por el pago.
“A finales de junio, la titular de la Secretaría (Gloria Serrato Sánchez) nos intimida diciendo que no nos pagaban porque algunas profesionistas no contaban con los requisitos que desde la convocatoria se requerían para poder estar dentro del programa. Sin embargo, muchas están dentro por palancas, sin contar con la papelería que se requiere: título profesional, cédula, RFC, firma electrónica, etc”, dice una denuncia anónima.
La desesperación de las trabajadoras iba aumentando y algunas optaron por informar del retraso al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a través de sus redes sociales. Nuevamente fueron intimidadas por Serrato Sánchez, quien les prohibió comentar los problemas del espacio laboral fuera de los círculos de la Semujeres, si no tendrían consecuencias graves.
Condiciones de trabajo limitantes y metas ridículas
“La coordinación y titular de la Secretaría no han sido claras. Estuvimos casi todo el mes de mayo preguntando y con dudas sobre las actividades a realizar, lo único que nos comentaban era que estaban ‘trabajando’. A finales de mayo nos dan una capacitación por perfil, hubo dudas, ya que solo leían las diapositivas, y no se aclararon. Días después piden informe mensual sin ninguna indicación o ejemplo de que era lo que se requería, en el mes de junio nos indican y exigían informes semanales de actividades”, señala una denuncia anónima.
Las profesionistas fueron contratadas para prestar ciertos servicios, pero obligadas a cumplir con otras tareas, algunas de ellas se empalman en tiempo con los otros trabajos a realizar. Por ejemplo, las psicólogas y abogadas, que supuestamente dan asesorías en las instalaciones de los centros, están siendo forzadas a salir a la calle para dar difusión a los programas.
“Si estamos en campo en difusión y se te requiere en oficina para atención y no estas, te regañan. No se puede cargar la virgen y tronar los cuetes”, reclama una denuncia anónima.
“A todas se les dio metas por cumplir; deben dar pláticas, talleres, conferencias, capacitaciones, formar grupos, redes, etc. Eso y estar en oficina atendiendo a las usuarias que lleguen. Entonces, haces una cosa o hacen otra”, explica otra denuncia.
La coordinación del programa se comprometió a trabajar en unas metas de las metas, para que los objetivos de trabajo fueran más realistas, pero hasta ahora las exigencias excesivas de trabajo son una constante para las profesionistas de los centros.
Otro problema es que no se les da viáticos ni equipo de trabajo. Pese a no contar con su pago mensual, las trabajadoras ponen la gasolina o el transporte para realizar sus labores. También hay centros que no cuentan aún con instalaciones ni equipo como Villa de Pozos, donde las trabajadoras tienen que utilizar sus propios equipos para trabajar.
Aunque el programa forma parte de una iniciativa federal, en San Luis Potosí los centros LIBRE fueron anunciados como un programa estatal, impulsado por Ricardo Gallardo Cardona, obligando a las trabajadoras durante su contratación a afiliarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“A los centros de SLP lo mandan a las redes de gestión de la senadora (Ruth González Silva). Y, quizá, este año nos pidan asistir a la Fenapo, cuando esas actividades no son parte de nuestras metas”, piensa otra denunciante anónima.
Lo que muchas de las trabajadoras veían como una gran oportunidad laboral que les permitiría dar una mejor vida a sus familias, está resultando una experiencia desafortunada, marcada por la explotación, las amenazas y la violencia laboral.
“Es muy frustrante y decepcionante, estamos siendo víctimas de violencia laboral, económica y psicológica cuando nosotras como profesionales luchamos contra la violencia a las mujeres. Algo ilógico”.
