Desiree Madrid
Trabajadores activos y jubilados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tomaron el control de diversas instalaciones institucionales, entre ellas el edificio central de la Fiscalía General del Estado y oficinas de la misma secretaría.
La manifestación fue encabezada por personal de custodia, ministerios públicos, peritos y policías de investigación, quienes exigen el cumplimiento de una serie de derechos laborales pendientes desde hace varios años.
Adriana Moya Méndez, presidenta de la Asociación de Ministerios Públicos, Elementos Investigadores, Científicos y Preventivos, explicó que el origen inmediato de esta acción es el incumplimiento en el pago del aumento salarial correspondiente a los años 2024 y 2025, que debió haberse hecho efectivo y pagado a los jubilados con retroactivo desde junio del año pasado.
“Nos sacaron del tabulador de remuneraciones por un tema administrativo tras el cambio de Procuraduría a Fiscalía. Al no estar en el tabulador, Pensiones del Estado dice que no puede pagarnos, y mientras tanto no recibimos lo que ya trabajamos”, explicó.
El adeudo asciende a entre 6 mil y 7 mil pesos por persona, solamente por el ejercicio de 2024. Para 2025, se aprobó un nuevo incremento del 1.9 por ciento, pero tampoco ha sido aplicado ni pagado.
La vocera puntualizó que el conflicto no es nuevo. La semana pasada, autoridades de la Subsecretaría General de Gobierno se comprometieron a gestionar una reunión para dar respuesta, pero no cumplieron con el acuerdo.
Ante el silencio institucional, los trabajadores tomaron la decisión de permanecer dentro de las instalaciones de la Fiscalía hasta que se entregue el documento oficial que confirme que la dependencia ya respondió al requerimiento de Pensiones del Estado, emitido desde el pasado 9 de mayo.
Además del rezago salarial, denuncian que el servicio médico fue eliminado desde el inicio de la actual administración, en 2021, afectando directamente a todo el personal de seguridad y custodia.
Actualmente, quienes aún están en activo dependen del IMSS, pero enfrentan serias deficiencias.
“Cuando quieren los atienden, cuando no, no. No hay certeza, no hay atención. El problema es que no se pagan las pólizas”, denunció Moya.
Durante la jornada también se reportó el despido de al menos 20 elementos de la Guardia Civil Estatal, sin que se haya proporcionado explicación oficial alguna sobre los motivos de su cese. La presidenta de la asociación advirtió que los despidos se han dado de manera opaca y sin claridad jurídica, lo que deja en indefensión a los afectados.
En total, más de 4 mil trabajadores, entre activos y jubilados del sector seguridad, son perjudicados por las omisiones acumuladas.
Moya hizo un llamado directo al Gobierno del Estado para que deje de trasladar responsabilidades entre dependencias y atienda de inmediato los reclamos.
“Se avientan la pelotita entre autoridades. Ya es hora de que se modifique la ley de ingresos y el manual de remuneraciones de la Fiscalía para resolver de raíz este problema que arrastramos año con año”.
Al ser cuestionada sobre la permanencia en las oficinas tomadas, Moya fue firme:
“No nos vamos a mover hasta que nos muestren el documento oficial que responda al requerimiento de Pensiones. Si no hay cumplimiento, continuaremos con estas acciones”.
Los trabajadores insistieron en que esta no es una protesta simbólica, sino una exigencia urgente para corregir una cadena de omisiones que ha vulnerado sus derechos básicos, por lo que pidieron paciencia a la ciudadanía y comprensión.
“Sabemos que afectamos, pero es la única forma de hacernos escuchar. Tenemos derechos, no sólo obligaciones”.
