Desiree Madrid
Un grupo de trabajadores del Poder Judicial del Estado se manifestó este martes en la sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) para exigir el cumplimiento de compromisos laborales incumplidos desde hace más de dos años.
Las exigencias abarcan desde el pago del retroactivo correspondiente a 2024 hasta la reinstalación del servicio médico digno y mejoras en las condiciones laborales.
Rosa Isela Hernández Lara, integrante de la comisión de trabajadores del Poder Judicial, explicó que la inconformidad es generalizada en juzgados de todo el estado.
“Nos están apoyando Valles, Rioverde, Cárdenas, Tamazunchale… muchos juzgados del interior se nos unieron, también los de La Pila, y por supuesto los de aquí del Poder Judicial”.
Entre las demandas destacan el pago del retroactivo de 2024, el adeudo de bonos por antigüedad y productividad, así como la falta de basificaciones y escalafón para trabajadores.
“Desde hace más de cinco años no ha habido basificaciones ni escalafones. Hacemos el trabajo de dos o tres personas y no hay contrataciones para cubrir las vacantes de quienes se jubilan”, denunció Hernández Lara.
Uno de los temas más graves es la situación del servicio médico, el cual fue retirado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en enero y en su lugar fue contratada una aseguradora privada cuya cobertura es deficiente.
“No hay tratamientos de quimioterapia, ni hemodiálisis, no hay medicamentos, no hay médicos especialistas. Todo está burocratizado. GNP ya no recibió pago y entró otra aseguradora sin capacidad”, explicó.
A pesar de que en agosto de 2023 la presidencia del Supremo Tribunal firmó un compromiso para saldar los adeudos, los trabajadores aseguran que no se ha cumplido.
“Nos dijeron que no había ni partida presupuestal ni orden para pagar. Esta última negociación salarial se hizo sin el sindicato, fue una decisión unilateral”, acusó la representante.
Los trabajadores exigen que las autoridades responsables —el presidente del Supremo Tribunal y el Consejo de la Judicatura— den la cara y gestionen una solución inmediata. Hasta el momento de la manifestación, afirmaron que nadie de presidencia ni del consejo había acudido al lugar para dialogar.
“Nos están dejando en el limbo. A los magistrados que se jubilan sí les están pagando y a nosotros no. Lo que pedimos es sencillo: que nos paguen, que nos den una fecha clara y que se comprometan a resolver los problemas del seguro, de Hacienda, y del exceso de carga laboral”, concluyó Hernández Lara.
Como medida de presión, los manifestantes afimaron que mantendrán cerradas las oficinas hasta que reciban una respuesta directa y formal de las autoridades.
