María Ruiz
La crisis hídrica en la zona metropolitana del estado no solo responde a la escasez del recurso, sino también a un sistema debilitado por la corrupción, la impunidad y el tráfico ilegal de agua. Así lo expone el documento Agenda Hídrica de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, elaborado por el Grupo Universitario del Agua de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el cual identifica prácticas irregulares que han afectado profundamente la distribución y gestión del recurso en la región.
Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de una red informal que extrae y comercializa agua fuera de cualquier regulación oficial.
Esta actividad ilegal ocurre principalmente en la Zona Industrial, donde empresas con alto consumo operan pozos clandestinos sin supervisión efectiva. Además, en municipios conurbados como Soledad de Graciano Sánchez, Mexquitic de Carmona o Cerro de San Pedro y Villa de Pozos se detectó la venta informal de agua mediante pipas que abastecen a zonas marginadas desde fuentes no registradas.
En áreas rurales como Villa de Reyes, Zaragoza y Villa de Arriaga, el problema se manifiesta en la sobreexplotación de pozos y norias comunitarias, muchas veces sin control gubernamental.
Mientras tanto, en el centro urbano de la capital potosina se han documentado casos de manipulación de medidores, tomas irregulares y negocios que operan sin pagar lo correspondiente, lo que afecta la presión del servicio y la recaudación del organismo operador.
La falta de transparencia en el otorgamiento de concesiones es otro punto crítico señalado en el informe. Se han autorizado permisos de extracción a empresas privadas sin una supervisión adecuada, lo que ha derivado en la sobreexplotación de mantos acuíferos y en condiciones desiguales de acceso al agua.
A esto se suma un sistema de cobro con múltiples irregularidades, que permite a sectores industriales y comerciales pagar menos de lo que consumen.
El documento también lanza observaciones directas a organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Interapas y la Comisión Estatal del Agua (CEA), así como a los ayuntamientos de San Luis Potosí y los municipios metropolitanos. A todos ellos se les atribuye responsabilidad por la inacción, la falta de sanciones ante violaciones a la normativa hídrica y la debilidad estructural del sistema.
El estudio plantea que la crisis del agua en San Luis Potosí es una cuestión de gobernanza. Propone una reforma estructural que incluya la tipificación de delitos contra la gestión hídrica, la creación de mecanismos de inspección más rigurosos y la incorporación de participación ciudadana y supervisión académica para garantizar rendición de cuentas.
Mientras tanto, el tráfico ilegal de agua y la impunidad en su explotación continúan socavando el acceso equitativo al recurso en una zona que ya enfrenta graves desafíos por el agotamiento de sus fuentes hídricas.
