Fernanda Durán
Ante el anuncio del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) sobre una posible reforma a la Ley de Entrega Recepción para regular la transición del Poder Judicial, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado , Carlos Arreola Mallol, respondió que ya existe un marco legal suficiente para garantizar el proceso, e ironizó sobre la “creatividad” del auditor Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
“Siempre en el Congreso van a ser bien recibidas las propuestas de abogados brillantes como Rodrigo, que si tiene tiempo y anda creativo, pues siempre son bienvenidas las iniciativas”, declaró Arreola en referencia a la intención del IFSE de modificar la ley vigente.
El legislador sostuvo que ya está previsto en el marco legal vigente el procedimiento para la entrega-recepción del Poder Judicial, tanto en la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos como en los artículos transitorios de la reforma judicial publicada recientemente.
“Primero, hay una ley que rige a todo el estado y municipios de San Luis Potosí que rige toda la entrega-recepción de recursos públicos, eso está claro. En un segundo momento, en el transitorio octavo de la reforma (…) se establece que tanto el Tribunal de Disciplina como el Órgano de Administración tendrán que implementar un plan de trabajo”, explicó.
Dicho artículo transitorio establece que ambos órganos judiciales “implementarán un plan de trabajo para la entrega-recepción de los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales conforme a la competencia de sus funciones”.
Por lo tanto, Arreola afirmó que “no dejamos vacante nada, está cubierto completamente”, y hay “certeza total” sobre el desarrollo de la reforma.
Asimismo, insistió en que la reforma fue un éxito y espera que la transición sea ordenada, debido a que esto se encuentra contemplado en la Constitución y en la ley de la materia que coordina la entrega recepción.
El diputado señaló que, en una segunda etapa, será el propio Poder Judicial, a través de su Órgano de Administración, el Tribunal de Disciplina Judicial y su Pleno, quien tome las decisiones internas. Además, uno de los próximos pasos urgentes será la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que será discutida en la Comisión de Justicia.
“Ahí vamos a invitar al auditor y a todas las voces relevantes para la organización de esta ley orgánica”, adelantó.
El legislador destacó que los nuevos magistrados y magistradas, algunos con trayectoria judicial y otros provenientes del litigio, deberán someterse a cursos intensivos de inducción para adaptarse a la estructura y funciones del nuevo modelo.
“Estamos muy contentos porque son expertos en derecho. Algunos vienen ya de la carrera judicial, conocen el tema perfectamente. Otros son abogados litigantes, entonces también se tiene un mix de todas las perspectivas del derecho”, dijo.
Finalmente, recordó que el Pleno ya no tomará decisiones administrativas, sino que estas quedarán en manos del nuevo Órgano de Administración, integrado por representantes de los tres poderes del Estado.
