Por Victoriano Martínez
Durante lo que va del sexenio de Ricardo Gallardo Cardona, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública (DAIP) por la vía de solicitudes de información a las dependencias públicas ha disminuido en un 36.95 por ciento, es decir, por cada diez peticiones que se realizaban en 2022 este año se han presentado poco más de seis.
De acuerdo con información obtenida del Almanaque de Estadísticas Globales 2025 de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), durante todo el 2022 se registraron 11 mil 707 solicitudes de información. En lo que va de 2025, las dependencias apenas han recibido 6 mil 754.
El promedio diario de solicitudes de información que recibieron los sujetos obligados durante el 2022 fue de 32.07, en tanto que durante este año recibieron 20.22 peticiones de información por día. Una caída del 36.95 por ciento en el número de requerimientos de información pública.
Se trata de una disminución en el ejercicio del DAIP que contrasta con el crecimiento en el incumplimiento de las obligaciones de transparencia que en octubre de 2024 era del 78.69 por ciento y en octubre de este año cayo a 77.49 por ciento.
Si cada vez los sujetos obligados publican menos información se supone que la necesidad de requerirles lo que dejan de publicar debería incrementar el número de solicitudes.
¿Será que lo que dejan de publicar tampoco lo proporcionan a través de las respuestas a las solicitudes de información y por las dos vías (no publicar y no responder) desincentivan el ejercicio del DAIP?
Lo cierto es que desde la llegada del actual gobierno estatal la transparencia en San Luis Potosí se encuentra en una crisis de opacidad en la que la información pública se oculta por parte de las autoridades con el incumplimiento de sus obligaciones de difusión, pero la población también ejerce menos ese derecho.
La opacidad por parte de las autoridades tiene la explicación de siempre: ocultar las irregularidades en las que incurren y evitar la rendición de cuentas para no ser descubiertos.
El poco incentivo entre la población para ejercer el DAIP, además de la creciente apatía ciudadana, es muy posible que sea alentado con la ampliación del ocultamiento de la información pública al evitar proporcionarla en las respuestas a las solicitudes.
Las siempre nulas promoción y garantía que del DAIP otorga la CEGAIP se dan por descontadas como factores que provocan el aumento en la opacidad gubernamental dado que ya ni siquiera se habla de la Comisión como organismo garante, sino como un lastre en vías de extinción.
Desaparezca o se transforme a la CEGAIP en un organismo desconcentrado, el hecho es que, si como autónoma no representó nada en favor del derecho de acceso a la información pública, en su nueva condición se podrá esperar mucho menos.
Toda una maquinaria perversa en operación: todo avanza para que el organismo garante que nunca lo fue se convierta en otro ente fantasmal que lo será menos y se reforzará la inhibición del ejercicio del DAIP… a menos que surjan solicitantes perseverantes del estilo de Jesús Piña Fraga.
La transparencia se regresa a hace más de dos décadas con una diferencia: el derecho ya se encuentra establecido en la ley, pero con tantas mañas entre quienes deben hacerlo efectivo, que le dejan la carga de darle vigencia a la población que debe ejercerlo so pena de que se vuelva realidad la sentencia de que “derecho que no se ejerce, se pierde”.
