Estela Ambriz Delgado
Ante el retraso de la representación estatal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), comunidades tének y náhuatl han comenzado a movilizarse a las oficinas regionales para exigir la entrega de sus constancias del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, lo que no se realizó en tiempo y forma en las asambleas para la conformación de los comités del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS).
Tras esperar a que les entreguen sus constancias, comunidades como Paixtzan, Chijol, Ojox, Santa Rosa, Serapio Gutiérrez, El May, La Argentina, Niños Héroes, Tizoapatz, Jomte, Tanlajás, Tazaquil, Ixtiamel, Coxcatlán, Tatacuatla, Tanleab y Huehuetlán, entre otras, desde el 16 de julio replicaron la movilización de otras comunidades, que dos semanas atrás concurrieron a exigirle al INPI el documento.
Rafael Reyes Martínez, en su calidad de representante tének en el Consejo Nacional Indígena, junto con autoridades y representantes comunitarios, exigieron que se dé celeridad a la entrega de las constancias que debieron darles desde hace dos meses, pues son fundamentales para realizar tramites, y así acreditar su personalidad como sujetos de derecho público ante diversas instituciones.
El consejero hizo mención de que en el proceso de entrega no faltaron las “caras largas” de algunos de los empleados del INPI, que ahora se ven forzados a ganarse sus sueldos ante la exigencia de cumplimiento de las comunidades indígenas.
Por otra parte, indicó que continúa la espera de las primeras ministraciones de los recursos del FAIS, sin que hasta el momento haya una explicación del retraso por parte de la Secretaria de Bienestar y del INPI, mientras que el tiempo avanza en contra de las comunidades indígenas potosinas para ejercer dichos recursos y cumplir con los requerimientos del programa.
En cuanto a los juicios que se siguen en tribunales federales en contra de los recortes presupuestales en el FAIS, dijo que estos están avanzando y se han obtenido suspensiones y prosiguen los litigios.
Destacó que es contrastante que el INPI y el Bienestar litiguen contra los derechos de las comunidades indígenas, cuando ambas deberían velar por su ejercicio pleno.
Asimismo, mencionó el litigio contra el titular de la representación estatal del INPI, Mario Godoy Ramos, por lo que consideran es usurpación de la identidad indígena, continúa avanzando.
