Desiree Madrid
La Comisión Estatal del Agua (CEA) formalizó la rescisión administrativa del Contrato de Prestación de Servicios del Proyecto Tenorio–Villa de Reyes, decisión que se hizo pública a través de edictos difundidos en el Periódico Oficial del Estado el pasado 26 de noviembre de 2025.
Con ello, la dependencia estatal pone fin a la relación contractual sostenida desde 2002 con la empresa Aguas de Reúso del Tenorio, S.A. de C.V., responsable del proyecto durante más de dos décadas.
La notificación marca un punto de quiebre en un proceso que se había prolongado por años y que era objeto de numerosas observaciones debido al estado operativo del sistema.
El documento, firmado por el director general de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, deriva del expediente RESC/ADM/CEASLP-001/2024 y fue emitido mediante el oficio CEA/DG/1124/2025, fechado el 11 de noviembre de 2025.
De acuerdo con su contenido, la autoridad estatal argumenta que la rescisión se fundamenta en disposiciones legales y contractuales que permitían terminar de manera anticipada el acuerdo, tras señalar diversos incumplimientos asociados al funcionamiento y administración del proyecto Tenorio – Villa de Reyes.
En el apartado primero de la resolución se declara formalmente la rescisión del contrato celebrado el 10 de julio de 2002, determinación que entra en vigor desde la fecha misma de la resolución.
Además, se especifica que esta medida se toma “sin perjuicio del cobro de las penas convencionales que pudieran corresponder”, y se advierte que la CEA buscará hacer efectiva la garantía de terminación del contrato, aunque esta no había sido presentada por la empresa operadora.
La autoridad también dejó asentado que la decisión no limita las acciones adicionales que el organismo pudiera emprender. El mismo punto primero indica que la rescisión se decreta “sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas o penales que procedan para la recuperación de los daños y perjuicios ocasionados”, lo que abre la puerta a futuros litigios para recuperar posibles afectaciones económicas o fallas atribuibles a la gestión de la compañía.
El oficio avanza en el segundo punto instruyendo a la Dirección Jurídica de la CEA a iniciar los procedimientos correspondientes para recuperar los “montos indebidamente apercibidos” y cualquier otra consecuencia legal derivada del caso.
Esta instrucción confirma versiones difundidas en semanas previas que apuntaban a la intención del Gobierno del Estado de llevar el caso ante instancias judiciales, particularmente por presuntas irregularidades detectadas en la operación del Tanque Tenorio.
La rescisión se presenta en un contexto de creciente preocupación por la situación operativa del sistema hídrico vinculado al proyecto. Durante los últimos años, se señalaron fallas estructurales, deficiencias en el tratamiento del agua y riesgos de contaminación asociados al Tanque Tenorio.
También se publicó que Interapas desconocía el estatus técnico del sistema, lo que evidenciaba un vacío de supervisión institucional y un escenario de incertidumbre sobre el funcionamiento real de la infraestructura.
Con la terminación del contrato, la administración estatal se encuentra ante la posibilidad de reorganizar la operación del Tenorio y de instalaciones relacionadas. Por ahora, la CEA no ha confirmado alguna alternativa de uso, pero la rescisión contractual abre la vía para replantear el modelo de operación tras más de veinte años de cuestionamientos.
