Desiree Madrid
Entre consignas de “¡Agua!” y llamados a la transparencia, ciudadanos se manifestaron la mañana del domingo 15 de febrero a las afueras del parque acuático Splash, dentro del Parque Tangamanga I, para exigir información detallada sobre el proyecto de rehabilitación del espacio y su impacto ambiental.
La protesta, convocada a las 10:00 horas, reunió a activistas, usuarios del parque y autoridades estatales, en un diálogo público que por momentos fue ríspido, pero se mantuvo abierto.
El abogado y director de la organización Cambio de Ruta, Luis González Lozano, explicó que la intención era realizar “un testimonio social ocular de lo que hay, bueno, de lo que nos dejen ver”.
Señaló que existen contradicciones en la información oficial, particularmente sobre el inventario forestal.
“En respuesta pública dice que no tenía un inventario forestal de la zona y el día que ustedes tuvieron la apertura a medios dijeron que sí, que ya existía, en una semana se hizo de 700 y tantos árboles”, expuso.
González Lozano cuestionó además la falta de acceso a los documentos técnicos del proyecto.
“Nosotros lo que hicimos fue pedirlo vía transparencia y el día de hoy no lo conocemos”, afirmó.
Añadió que cualquier obra “debe tener un soporte técnico, documental”, y que el objetivo es evitar sorpresas como ocurrió en la ampliación del bulevar río Santiago, donde señaló que ahora faltan 200 árboles.
En su intervención, la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, defendió que la dependencia otorgó una exención en materia de impacto ambiental debido a que el parque acuático fue construido en 1995, cuando no estaba vigente la legislación actual.
“No se puede dar un impacto porque ya está impactado, ya está hecha la obra, lo que se está haciendo en este caso es una rehabilitación”, explicó, y que la exención está condicionada a medidas de mitigación y manejo de residuos.
Sobre el arbolado, Mendoza Díaz aseguró que en el área de Splash existen 729 árboles y que “no se va a derribar más”, mientras que “lo que sí se tumbaron fueron 14 que estaban muertos en vida”.
También afirmó que el parque tiene una superficie de 7.5 hectáreas y que “no se va a ampliar un metro más, solamente lo que ya está impactado”, además de que se trabaja en un programa de reforestación y que previamente se firmó un convenio con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para sembrar 4 mil 200 plantas.
Las respuestas no disiparon las inquietudes. Una de las participantes planteó que el tema del agua es sumamente delicado si se toma en cuenta el grado de sequía que ha padecido la capital y cuestionó la viabilidad de destinar recursos hídricos a un parque acuático.
“¿Qué harían ustedes en su casa con mil litros? Cuando la gente de Escalerillas dura una semana sin bañarse”, reclamó.
También pidió que se exhiban los planos y el costo de la obra: “Si no hay nada malo, pues qué tiene hacer el compromiso”.
“¿Qué nos hace pensar que queremos un parque acuático?”, lanzó otro ciudadano, mientras varios respondían que preferían “árboles” y “agua”.
A la pregunta de “¿quién quiere un parque acuático?”, algunas voces respondieron: “Nadie, nadie”. Frente a ello, la secretaria replicó: “Yo creo que todos queremos árboles. Todos queremos preservar”.
Ante el clima de desconfianza, González Lozano propuso formalizar la creación de un comité ciudadano y gubernamental de vigilancia.
“Bajo la premisa de que si el proyecto es ambientalmente responsable, no se debe temer a la supervisión y al conocimiento ciudadano”, señaló.
Explicó que el objetivo sería conocer a detalle el proyecto, revisar sus impactos ecológicos e hídricos y establecer medidas claras de mitigación. A lo que funcionarios presentes manifestaron disposición a avanzar en esa ruta.
“Estamos abiertos a este tipo de espacios, a poder informar a la ciudadanía”.
Otros participantes recordaron antecedentes de obras dentro del parque y pidieron evaluar no sólo el impacto ambiental, sino también el vehicular y el uso del espacio público.
Horas después de la manifestación la Segam difundió en sus redes sociales un posicionamiento oficial, en la que se informó que la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, Sonia Mendoza Díaz, acompañada por el titular de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga, Joaquín García Martínez, y Miguel Ángel García Amaro, subsecretario de Gobernación, “atendieron de manera directa a las personas que acudieron a las afueras del parque acuático Splash al interior del Parque Tangamanga 1”.
En el mismo mensaje se reiteró los datos que ya había dado sobrea extensión del espacio que se rehabilitará y añadió que “el proyecto contará con una planta tratadora de aguas para reciclarla, garantizar su seguridad y sostenibilidad”.
La manifestación cerró sin acuerdos formales, pero con el compromiso de presentar la propuesta del comité por escrito y sostener nuevas reuniones.
“Lo que queremos es que haya medidas claras de mitigación”, resumió González Lozano, mientras los asistentes reiteraron que el desarrollo no puede desligarse del derecho a un medio ambiente sano.
